En una cuarta lectura y en presencia del primer ministro, Mario Monti, que participó en la votación como senador vitalicio, el Senado dio el vía libre definitivo por 235 votos a favor, 11 en contra y 34 abstenciones a la norma, que fue aprobada en España el pasado mes de septiembre.
Este elevado número de consensos evita que la reforma constitucional, aprobada en primera lectura el pasado 30 de noviembre, tenga que ser ratificada por los italianos en un referéndum, pues supera los dos tercios de los votos a su favor en el Parlamento que exige la Carta Magna para leyes de este tipo.
La norma, que afecta sobre todo al artículo 81 de la Constitución italiana, fue aprobada sin el apoyo de la Liga Norte, antiguos socios de Gobierno de Silvio Berlusconi, y el grupo de centroizquierda de Italia de los Valores (IDV), las dos formaciones que actualmente se sitúan en la oposición al Ejecutivo de Monti.
"La votación sobre el equilibrio presupuestario en el Senado era una votación importante. Había que estar y yo estaba", comentó Monti a los periodistas que le esperaban a la salida del Palacio Madama de Roma, sede del Senado.
La reforma constitucional sobre el equilibrio de cuentas fue una de las medidas que prometió el anterior jefe del Gobierno italiano, Silvio Berlusconi, al Banco Central Europeo (BCE) a cambio de que este comprara deuda pública italiana en verano y fue aprobada en Consejo de Ministros el 8 de septiembre.
El proyecto de ley establece el principio de equilibrio de cuentas, con el que Italia, "observando los vínculos derivados del ordenamiento de la Unión Europea, asegura el equilibrio entre los ingresos y los gastos".
El texto contempla las excepciones del recurso al endeudamiento en las "fases adversas del ciclo económico", ante acontecimientos extraordinarios o una "grave recesión económica" que no puedan ser afrontados con las decisiones presupuestarias ordinarias.
Italia, país que cuenta con un endeudamiento público superior al 120 % de su Producto Interior Bruto (PIB), cerró 2011 con un déficit en la administración pública del 3,9 % del PIB y pretende llegar en 2013, sin necesidad de mayores planes de ajuste, al equilibrio presupuestario.