A las 20.00 GMT se cerró el plazo de inscripción en el registro de participación de la quita de la deuda griega con el gobierno de Atenas seguro de haber logrado al menos el 66.7 por ciento necesario para sacar adelante el plan, un requisito para que la UE apruebe el nuevo crédito de 130,000 millones que evite la bancarrota del país.
A falta de los datos oficiales, que serán publicados a las 6.00 GMT del viernes, los medios griegos hablan de una participación de al menos el 80 por ciento, suficiente para proceder a la quita e incluso para forzar a los acreedores reacios a someterse a ella a través de las llamadas Cláusulas de Acción Colectiva (CAC).
"El proceso va bastante bien", aseguró a EFE un asesor del primer ministro Lukás Papadimos que prefirió permanecer en el anonimato.
Según el portal informativo In.gr, que citaba una fuente del registro electrónico, los poseedores de 143,000 millones de euros deuda griega se habían inscrito en el registro al mediodía de hoy.
Esa cantidad supone el 80.79 por ciento de los 177,000 millones de euros en deuda bajo soberanía griega (el resto está inscrito bajo ley británica y otras leyes fuera de Grecia) y el 70 por ciento del total de deuda a reestructurar (206,000 millones).
"Soy optimista respecto al hecho de que podemos lograr un acuerdo en las próximas horas", dijo en Río de Janeiro Charles Dallara, uno de los directores del Instituto Internacional de Finanzas (IIF), que representa a los intereses de la banca y cuyos socios se han sumado en masa a la quita.
Según Dallara, el nivel de participación podría alcanzar el 90 por ciento.
El optimismo por la buena marcha de la quita se dejó sentir también por las ganancias de las principales bolsas europeas, y que en Atenas supuso un alza del 3.18 por ciento.
La quita, oficialmente llamada PSI (Participación del Sector Privado) es parte del plan del Eurogrupo y el FMI para reducir el nivel de la deuda del país desde el actual 165 por ciento del PIB a un más sostenible 120.5 por ciento en 2020.
La reestructuración de esa enorme deuda significará la condonación de unos 107,000 millones de euros a través de un canje de los bonos actuales por otros depreciados en algo más de la mitad de su valor.
"Grecia, con el apoyo de sus socios europeos, ha desarrollado un contexto apropiado, con grandes incentivos para el canje de bonos. Por ello espero la máxima participación, que será muy importante para la recuperación de nuestra economía", dijo el primer ministro griego en un discurso antes del inicio del Consejo de Ministros extraordinario de hoy.
Se refería al hecho de que buena parte del nuevo préstamo de la Unión Europea (UE) y el Fondo Monetario Internacional (FMI) por valor de 130,000 millones -condicionado a que se produzca la quita- servirá precisamente para financiar la PSI a través de incentivos y recapitalizaciones bancarias.
"La PSI es el tercer gran paso en la aprobación del nuevo acuerdo de crédito. El primero fue la adopción del programa económico de Grecia, el segundo fue la adopción de la PSI, el tercero es completar la PSI hoy y el cuarto es la aprobación final del paquete financiero", explicó Papadimos.
Pero para que se pueda ejecutar la quita es necesario que lo acepten los tenedores privados del 66.7 por ciento de la deuda griega, un número que, aparentemente, Grecia ha superado con creces.
Para activar las CAC se necesita el visto bueno de los tenedores del 75 por ciento de deuda.
Esta operación implica el riesgo de que sea interpretada como un impago efectivo por parte de las agencias de calificación de riesgo, algo que activaría los seguros CDS que diversos inversores contrataron para proteger sus bonos ante un posible impago griego.
De hecho, hoy la Asociación Internacional de Permutas y Derivados (ISDA) informó en un comunicado de que está preparada "por razones de precaución" para decretar un eventual impago griego en caso de que Grecia utilice las CAC.
Su uso o no será decidido mañana viernes en una teleconferencia con el resto de socios del Eurogrupo a las 15.00 GMT.
Si la participación finalmente supera el 90 por ciento se cree que el gobierno podría no hacer uso de los CACS ya que sería suficiente para borrar de sus cuentas unos 100,000 millones de euros en deuda, el principal objetivo del Ejecutivo que lidera Papadimos.