El fallo, de 6-3, es una victoria significativa para el movimiento legal conservador, que había buscado deshacer o debilitar la decisión de 1984 en 'Chevron contra el Consejo de Defensa de los Recursos Nacionales'.
Los críticos de la llamada 'doctrina Chevron' cuestionaban que esta daba a los burócratas federales no elegidos demasiado poder para elaborar regulaciones relativas al medioambiente y la atención sanitaria, entre otros sectores.
Los seis jueces conservadores del Supremo votaron a favor de la revocatoria en un caso sobre regulaciones pesqueras, mientras que las juezas liberales Elena Kagan, Sonia Sotomayor y Ketanji Brown Jackson mostraron su desacuerdo.
La 'doctrina Chevron' otorgaba un amplio margen de maniobra al Gobierno en ámbitos donde las leyes aprobadas por el Congreso no fueran del todo claras.
Dicha doctrina obligaba a los tribunales a ceder ante las agencias federales a la hora de interpretar leyes que no sean claras.
La decisión cambiará dramáticamente la forma en que los jueces revisan las regulaciones emitidas por las agencias federales, se lamentó la organización Earthjustice.
"Al decirles a los jueces que asuman el papel principal en la interpretación del lenguaje legal ambiguo y que no escuchen primero a las agencias que el Congreso ha encargado de implementar ese lenguaje, la decisión trasladará el poder de las ramas electas del Gobierno a manos de jueces no electos", agregó.
La 'doctrina Chevron' fue establecido en 1984 en un caso que enfrentó a la empresa Chevron contra el Consejo para la Defensa de los Recursos Naturales, y era criticado por los jueces que consideraban que daba demasiados poderes al Gobierno estadounidense.
La doctrina pasó a revisión debido a un recurso de un grupo de pescadores de arenque que defienden que el Servicio Nacional de Pesca no tiene autoridad para exigirles que paguen los salarios de los inspectores federales que viajan a bordo de sus buques.
Desde 1976, estos observadores pueden unirse a las tripulaciones para asegurarse que cumplen la normativa, pero desde 2020, el Gobierno exige a los pescadores pagar los salarios de estos inspectores.
Cuatro empresas familiares demandaron al Departamento de Comercio hace tres años por ese requisito.
