Esto ha sido -refiere- uno de los efectos concretos del hecho de que a poco más de un año del momento más dramático de la crisis, "se puede decir que las perspectivas para el futuro han sido mejoradas en un modo significativo".
El Ejecutivo de Monti se pone, sin embargo, como objetivo reducir un punto y progresivamente la presión fiscal, comenzando por las tasas más bajas para dar respiro a las clases más débiles.
Sobre la spending review (revisión del gasto) "no hace falta dar un paso atrás y sobre todo, no es necesario ceder a las sirenas de los grupos de poder y de quien no quiere renunciar a los propios privilegios", afirma el documento, según el cual "la acción está apenas iniciada: no es razonable un cambio enorme en un tiempo tan restringido."
En el sector en el que se advierte la necesidad de abrirse al mercado están los servicios públicos locales gestionados en gran parte de modo directo con un resultado, a menudo, "deficitario que pagan los ciudadanos y la propia administración", mantiene el documento en el capítulo de liberalizaciones.
En esta parte del análisis pide incrementar la competencia dentro del mercado de distribución del carburante, frenada por el Parlamento, y propone la separación entre Banca-Correos y la Oficina de Correos de Italia "pues aquí también son los ciudadanos los primeros en pagar las consecuencias de una falta de actuación de las reformas", subraya.
En cuanto al sector de seguros explica que "debemos impedir que se instauren relaciones de exclusividad entre las compañías y los agentes y quitar los obstáculos a la colaboración entre los intermediarios que pertenezcan a diferentes redes distributivas".
En el capítulo "Trabajo y Jóvenes", el Gobierno tecnócrata reconoce que "desgraciadamente las presiones opuestas y contrarias" al intento de abrir a los jóvenes y convertir el mercado de los profesionales más abierto, en el que contaran los méritos y fuera competitivo, "han sido poderosas".
Tras trece meses de mandato, Mario Monti precipitó su salida al perder el apoyo parlamentario del Pueblo de la Libertad (PDL), el partido de Berlusconi, lo que le llevó el pasado 8 de diciembre a anunciar su dimisión una vez fuera aprobada la Ley de Presupuestos.
El excomisario europeo abordó en tiempo récord numerosas reformas. Pocas semanas después de su nombramiento revisó las cuentas italianas y, el 4 de diciembre de 2011, el Gobierno presentó un contundente plan de ajuste por un valor de 30,000 millones de euros.
Monti reintrodujo el impuesto de bienes inmuebles para la primera vivienda, que Berlusconi había retirado, y también la llamada "spending review", con la que se recortó los gastos públicos.
También logró recaudar 13,000 millones de euros en la lucha contra la evasión fiscal realizando en este año 667,000 controles fiscales.
Puso en marcha un paquete de liberalizaciones y de simplificación de los trámites burocráticos que recibió los elogios de Europa y ayudó a relajar la prima de riesgo de Italia por debajo de los 300 puntos.
El Ejecutivo tecnócrata también presentó durante este año una polémica reforma laboral que, ante las presiones de algunos partidos y de los sindicatos, se redujo a pocos cambios.
Tras la aprobación de la Ley de Presupuestos, su última iniciativa antes de terminar su mandato y con el que pretende un ajuste de 11,600 millones de euros repartidos durante los próximos tres años y cerrar 2013 con un déficit público del 1.6 por ciento del PIB, el tipo general aumentará solo un punto (frente a los dos previstos antes), del 21 al 22 por ciento.