El texto de la enmienda de "Disciplina presupuestaria y responsabilidad" prevé la creación de un Consejo Presupuestario Independiente, formado por tres miembros sin vinculación partidista, que supervisará el nuevo compromiso de gasto.
Esta reforma de la Carta Magna, que tendrá que ser aprobada por dos tercios de las dos cámaras parlamentarias, establece un freno automático de la deuda cuando sobrepase un baremo, que aún no se ha decidido si será del 45 o del 55 por ciento del Producto Interior Bruto (PIB).
Además, el déficit fiscal no podrá superar el 1 por ciento del PIB y las regiones deberán tener presupuestos equilibrados en un período de ocho años.
En el caso de que los responsables políticos no activen dicho freno al endeudamiento, la nueva ley establecen sanciones para los miembros del Gobierno y del Parlamento de turno que podrían ascender al 20 por ciento de sus sueldos.
También se impondrán leyes de transparencia para publicar informaciones sobre ciertas contratas, participaciones patrimoniales y vacaciones fiscales.
La oposición socialdemócrata ya ha anunciado que está dispuesta a apoyar la enmienda.
