Sin embargo, detalló, podría comprometer la estabilidad de las finanzas públicas subnacionales y generar un gasto elevado en el costo del financiamiento para los gobiernos estatales y municipales, en caso de que la tendencia siga en aumento y alcance niveles poco manejables.
En el documento “Diagnóstico de la Deuda Pública de las Entidades Federativas”, el CEFP puntualizó que el promedio de la deuda de las entidades federativas respecto de sus Participaciones Federales creció de 64.5 por ciento en 1994 a 84 por ciento en 2015.
Desde el inicio de la presente Administración Federal se ha contenido el crecimiento del endeudamiento subnacional en un nivel cercano al 3 por ciento del PIB. El total de las obligaciones subnacionales, como porcentaje del PIB, representó a finales de 2015 casi siete veces el presupuesto que se ejercerá en el 2016 para el Programa de Inclusión Social (Prospera).
Indicó que el saldo de la deuda de las entidades federativas y los municipios permaneció constante entre 2001 y 2008. A partir del 2009 y hasta el 2012 la deuda subnacional, como proporción del PIB, tuvo su mayor incremento en cerca de un punto porcentual del PIB, cifra equivalente, en pesos actuales, al presupuesto en conjunto que se etiquetó en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2016 para las secretarías de Desarrollo Social y de Gobernación.
El CEFP relató que el promedio nacional de la deuda estatal, municipal y de los organismos de las entidades es de 16 mil 758.4 millones de pesos (mdp). La entidad federativa más endeudada es la Ciudad de México con más de 71 mil mdp, valor que representa más de tres veces el promedio nacional de deuda por estado, y en parte se podría explicar por ser esta urbe la economía local más grande del país.
Tres de las entidades federativas con mayor endeudamiento son también las más pobladas: Estado de México, Ciudad de México y Veracruz. Tres de las cinco con menos deudas tienen menor población: Tlaxcala, Campeche y Baja California Sur.
El promedio nacional de deuda por habitante de cada entidad federativa es de 4mil 428.9 pesos, lo que implica que si se quisiera dividir la deuda subnacional entre la población para hacer frente a las obligaciones, ese es el monto promedio que se tendría que pagar por persona en cada entidad federativa.
El Centro de Estudios de las Finanzas Públicas puntualizó que para reducir las presiones sobre el endeudamiento subnacional, se requiere diseñar e implementar una adecuada política en esta materia, con una visión integral que tome en cuenta ingreso, gasto, financiamiento y administración patrimonial.
Propuso explorar la posibilidad de eliminar las excepciones del pago del impuesto predial que cobran los gobiernos locales a las dependencias y entidades del sector público federal, manteniéndolo a las instituciones educativas.
De igual modo, fortalecer el sistema de incentivos a la eficiencia recaudatoria de las entidades federativas y municipios, a fin de aumentar sus ingresos propios; impulsar mecanismos que permitan delimitar y homologar la competencia de estados y municipios en materia de derechos, productos y aprovechamientos.
En el caso de los municipios, llamó a fortalecer las facultades de éstos en el ámbito de residuos sólidos, alumbrado público y uso de vía pública.
El CEFP planteó legislar en materia de derecho de uso de redes subterráneas (distribución de redes de gas, telefonía, fibra óptica, entre otros), que permita generar una fuente de ingresos adicional para entidades federativas y municipios.
También pide impulsar mecanismos que establezcan estándares más estrictos en materia de adquisiciones y contrataciones, buscando implementar un esquema homologado en todo el país, así como establecer criterios mínimos para la asignación y ejercicio del gasto de inversión, de tal manera que se obligue, mediante legislación pertinente, a las entidades federativas a cumplir requisitos similares a los que exige la Unidad de Inversiones de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para la realización de proyectos de infraestructura.
Además, propone estimular esquemas para homologar la regulación de Asociaciones Público Privadas (APP) en el ámbito estatal y municipal, y promover una legislación que uniforme los criterios de disposición de los bienes públicos, tanto de predios como de instalaciones públicas, de manera que existan estándares mínimos para su desincorporación y se evite que éstas originen una afectación financiera indebida a los gobiernos locales.
Asimismo, el CEFP pide evitar que las concesiones se conviertan en áreas de opacidad y beneficios personales a costa del erario público, y considera importante que en materia de agua, recolección de residuos y alumbrado público se regulen los esquemas de concesión.