De acuerdo con información del organismo regulador, en este proceso participarán 26 licitantes de 16 países, de los cuales nueve empresas participarán de manera individual, además de 17 en consorcios integrados.
Las compañías competidoras en la Ronda 2.4 en solitario son BHP Billiton, China Offshore Oil Corporation, Noble Energy, Pemex Exploración y Producción (PEP), PC Carigali, Shell, Statoil y Total E&P.
Mientras que los licitantes agrupados son BP en consorcio con Statoil; BP con Statoil y Total; Chevron y PEP; Chevron, PEP e Impex; Chevron, PEP y ONGC Videsh; China Offshore con PC Carigali; ENI en asociación con Qatar Petroleum y Citla Energy; ENI y Qatar Petroleum.
Además de Noble en consorcio con Deutsche Erdoel; Noble, Deutsche Erdoel y PEP; PEP y China Offshore; PC Carigali, OPHIR y PTTEP; Repsol con PC Caligari; Repsol, PC Caligari, Sierra Nevada y PTTEP; Repsol, PC Caligari y OPHIR; Shell y PEP; además de Shell y Qatar Petroleum.
De hecho, la Secretaría de Energía (Sener) prevé que en caso de colocarse al menos el 25 por ciento de las áreas, es decir siete contratos, podrían atraerse inversiones por 31 mil 500 millones de dólares, considerando un monto promedio de cuatro mil 500 millones de dólares por área.
Las 29 áreas contractuales que se licitarán se localizan en las regiones conocidas como Perdido: nueve frente al litoral de Tamaulipas; en Cordilleras Mexicanas, donde 10 se localizan frente al litoral de Veracruz; y Cuenca Salina, con 10 frente a Tabasco, con una superficie promedio de dos mil 290 kilómetros cuadrados.
Para KPMG, el número de participantes refleja la confianza de la comunidad internacional hacia México y sus instituciones, así como a su Estado de derecho, ya que se trata de contratos que se celebrarán por periodos de 35 años con prórrogas potenciales de cinco y 10 años.
Por lo que el plazo total del contrato podría llegar a ser de 50 años, “lo que representa más de seis periodos presidenciales en México, con lo que puede concluirse que el voto de confianza será plenamente hacia el país y sus instituciones”.
La consultora expuso que, si se llegara a asignar la totalidad de los campos, la inversión comprometida podría ascender a 130 mil millones de dólares, tomando en cuenta que cada una requeriría recursos por 4.5 mil millones de dólares.
“La reforma energética llegó para quedarse; sería sumamente complejo lograr los consensos necesarios para su modificación y, además, la ley no es retroactiva, por lo que los contratos ya firmados serán los que regulen las relaciones entre el Estado mexicano y los operadores”, subrayó.