Bruselas incluyó esas propuestas en las recomendaciones de política económica y fiscal para la Unión Europea (UE) que publicó hoy.
En concreto, pidió que durante 2022 siga suspendido el Pacto de Estabilidad y Crecimiento, que exige a los estados miembros mantener el déficit público por debajo del 3 % del producto interior bruto (PIB) y que la deuda pública no supere el 60 % del PIB. Según la Comisión, se espera que esas reglas vuelvan a aplicarse en 2023.
En marzo del año pasado, cuando la pandemia del coronavirus se extendió por el club comunitario, la Unión activó la cláusula de salvaguarda del Pacto de Estabilidad y Crecimiento, que suspende de facto el control del déficit y la deuda para permitir que los países gasten lo necesario para paliar el impacto de la covid-19.
El pasado 3 de marzo la Comisión ya abogó por mantener la cláusula de salvaguarda activa durante 2022 y defendió que la decisión sobre su desactivación se tome tras realizar un análisis sobre el estado de la economía basado en criterios cuantitativos.
Según Bruselas, un criterio cuantitativo "clave" es la comparación del nivel de la actividad económica en la UE o la eurozona con los niveles previos a la crisis, a finales de 2019.
De acuerdo con las últimas previsiones económicas del Ejecutivo comunitario, publicadas en mayo, la economía volverá a las cotas previas a la pandemia durante el cuarto trimestre de 2021 en los Veintisiete y en el primer trimestre de 2022 en la eurozona.
A la luz de esa proyección, la CE aseguró hoy que "se cumplen las condiciones para la aplicación continuada de la cláusula de salvaguarda en 2022 y su desactivación a partir de 2023".
Más allá de la suspensión del Pacto de Estabilidad y Crecimiento, el Ejecutivo comunitario instó a mantener las políticas fiscales de apoyo durante 2021 y 2022.
Subrayó que los países "deberían evitar una retirada prematura del apoyo y aprovechar al máximo la financiación del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia", la piedra angular del fondo de recuperación europeo.
"La implementación de inversiones y reformas en el marco del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia ayudará a apoyar la recuperación económica, fomentar un mayor crecimiento potencial y empleo, reducir los desequilibrios y mejorar las finanzas públicas", señaló la CE en un comunicado.
Detalló que los países con bajos niveles de deuda "deberían adoptar una postura fiscal de apoyo, también haciendo uso completo del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia".
En cuanto a los estados con un nivel elevado de deuda, pidió que usen el fondo de recuperación para financiar "inversiones adicionales que respalden la recuperación, al tiempo que adoptan una postura fiscal prudente".
"Todos los estados miembros deberían preservar las inversiones financiadas a nivel nacional. Al mismo tiempo, el crecimiento del gasto financiado a nivel nacional debería mantenerse bajo control y limitarse para los estados miembros con un elevado nivel de endeudamiento", apuntó la CE.
Para el periodo posterior a 2022 el Ejecutivo llama a que las políticas fiscales sigan teniendo en cuenta "la fuerza de la recuperación, el grado de incertidumbre económica y consideraciones sobre sostenibilidad fiscal".
Agregó que cuando las condiciones lo permitan, los países "deben aplicar políticas para lograr una posición fiscal prudente a medio plazo y garantizar la sostenibilidad fiscal a medio plazo".