El Ministerio de Deportes defendió, en un comunicado publicado en la noche del miércoles al jueves, poco después de esa aprobación parlamentaria, este controvertido dispositivo insistiendo en que se hará en condiciones de utilización "estrictamente reguladas y en un marco experimental limitado hasta el 31 de marzo de 2025".
Además, a finales de 2024, con la experiencia de su utilización en los Juegos Olímpicos y Paralímpicos durante el verano de ese año, se hará una evaluación.
El objetivo, según el departamento de Deportes, es "detectar más rápidamente los riesgos graves con un tratamiento de imágenes con algoritmos".
Se trata también así de "hacer fluido el control en las entradas en los centros de competición y de celebración y coordinar mejor los equipos movilizados para la seguridad en los transportes".
La idea es que los algoritmos que se incorporen en los programas de utilización de las cámaras de vigilancia, gracias a las experiencias de episodios pasados, permitan advertir a las fuerzas del orden de forma lo más rápida fenómenos como movimientos de multitudes o equipajes abandonados.
El Gobierno, ante las muestras de inquietud manifestada por parlamentarios de la oposición de izquierdas, ha insistido en su defensa en que no se utilizarán programas de reconocimiento facial, como sí que se hace de forma muy amplia en China para controlar a la población.
La experimentación podría empezar una vez que sea promulgado el texto de la ley, por ejemplo durante el Mundial de Rugby que organiza Francia este año en otoño.
El Ministerio de Deportes hizo hincapié en que la ley permitirá igualmente "prevenir y sancionar más" la violencia y los actos de gamberrismo en acontecimientos deportivos, con "un recurso más sistemático" a las prohibiciones de estadio pronunciadas por los tribunales y al aumento de las sanciones para los que irrumpan en un espacio de competición.
Unos protocolos que cobran una resonancia particular cuando se recuerda el fiasco de la organización de la final de la Liga de Campeones a finales de mayo del pasado año, que disputaron el Real Madrid y el Liverpool en el Estadio de Francia, en la periferia norte de París.
Un fiasco marcado por las acusaciones de fraude lanzadas en un primer momento por las autoridades francesas, y dirigidas en particular contra los hinchas ingleses, para explicar el caos en torno al estadio y la actuación de las fuerzas del orden contra los aficionados, muchos de los cuales en realidad fueron víctimas de robos y violencia a gran escala de delincuentes locales.