"No nos olviden", ha subrayado Klingenberg, quien ha agradecido al gobierno español, el Parlamento Europeo y la Comisión Europea el apoyo prestado hasta ahora durante un acto celebrado en el Parlamento sobre el conflicto con Argentina y sus consecuencias para las relaciones comerciales.
Tras reiterar que actualmente el caso se encuentra en "prioridad uno" para las instituciones europeas, ha recordado que "en las organizaciones políticas las prioridades cambian" y que "los problemas que no han sido resueltos tienen que tener un interés" principal.
De esta manera y dado que la vía legal emprendida podría prolongarse mucho en el tiempo, ha pedido a los representantes presentes en el acto que "no nos pongáis al final de la lista", al tiempo que ha apuntado que no tiene "ninguna razón para pensar" que eso vaya a suceder.
Klingenberg ha comentado que los tratados de protección de inversiones han sido un elemento "poderoso" que ha "incentivado positivamente" la implantación en otros países, ya que garantizan el cumplimiento de la ley por la vía negociada.
"Argentina es, desafortunadamente, un caso de estudio", ha señalado.
Ha recordado que YPF fue "confiscada" en abril del pasado año "con cierta violencia" y que "desde esa fecha no hemos obtenido una compensación en absoluto, ni ninguna indicación de que nos pagarán".
Klingenberg ha reiterado que Repsol permanece "abierta a la negociación", ya que el "mayor deseo" de la compañía es lograr una solución consensuada.
Sin embargo, ha destacado que "para negociar hacen falta dos" y que Argentina ha demostrado tener "una gran capacidad para defenderse" en los arbitrajes internacionales.
Durante el acto, el responsable de Latinoamérica en la dirección general de Comercio de la Comisión Europea, Matthias Jorgensen, ha reconocido que el conflicto es "una piedra en el zapato" en las relaciones europeas con Argentina, pero que los contactos en todos los ámbitos con este país continúan porque debe primar el interés general.
Jorgensen ha mostrado su apoyo a Repsol en la búsqueda de una compensación y de hacer valer la legalidad y que, en ese sentido, la Unión Europea ha llevado la cuestión a diversos foros internacionales, entre ellos la OCDE, que prepara un informe "confidencial" al respecto.
Ha lamentado que este "no es un mundo perfecto" y que la Comisión no cuenta con instrumentos de presión para forzar el acuerdo, que es la solución que la institución desea.
En ese mismo sentido se ha expresado el director del centro de investigación European Centre for International Politica Economy (Ecipe), Fredrik Erixon, quien ha lamentado la falta de instrumentos de presión efectivos para aplicar en casos como este.
Ha considerado que la nacionalización "forma parte de un programa político" en Argentina, que ya ha tenido conflictos con otras corporaciones, y que las inversiones en otros países se encuentran "en una situación de riesgo político cada vez mayor", debido a la globalización y al mayor poder del que disponen las potencias emergentes.
En cuanto a la valoración de la compensación, el profesor del IESE Pablo Fernández ha elaborado una encuesta con aportaciones de casi dos mil expertos, que consideran que este importe debería situarse alrededor de dos cifras, 9,500 y 11,500 millones de euros.