Los legisladores de los partidos de la Revolución Democrática (PRD), del Trabajo (PT) y Convergencia (C), y figuras como el académico René Druker, la escritora Laura Esquivel y el antropólogo Alfredo López Austin demandaron "la remoción del actual director de Pemex", en una publicación pagada en el diario La Jornada.
Los firmantes recordaron que recientemente la estatal mexicana otorgó dos contratos a la británica Petrofac y a la local Administradora en Proyectos de Campos (APC) para la explotación de petróleo en el estado de Tabasco, que calificaron como concesiones "de riesgo, disfrazados de contratos integrales de servicios".
Aseguraron que estos contratos violan lo establecido en la Constitución mexicana y la ley reglamentaria del artículo 27 constitucional, así como la Ley de Petróleos Mexicanos.
Además, señalaron que Suárez Coppel cometió "una nueva ilegalidad" al comprometer "el futuro de Pemex y más de 20,000 millones de pesos (unos 1,490 millones de dólares) en la compra de acciones de Repsol, vinculándose con una empresa española (Sacyr) y "sin tener siquiera el aval del Consejo de Administración".
Los legisladores se preguntaron de dónde se sacaron estos recursos si se había dicho que Pemex estaba al borde de la quiebra y con enormes problemas financieros para invertir en una empresa extranjera.
"La aberrante conducción del director de Pemex debe cesar. La entrega de recursos de la nación a empresas privadas nacionales y extranjeras, violentando la Constitución y las leyes, debe parar", señalaron los firmantes.
Exigieron una investigación de la Auditoría Superior de la Federación a la actual administración de Pemex, "en particular sobre la firma de los contratos integrales y la compra de acciones de Repsol".
También pidieron la intervención de la fiscalía federal para que investigue "y sancione las evidentes y públicas acciones fraudulentas del director de Pemex" y al Congreso para que "detenga las violaciones a las leyes".
Demandaron suspender las licitaciones de los contratos integrales, que consideran "ilegales de origen y representan una inaceptable pérdida de recursos para Pemex".
Una reforma legislativa de 2008 abrió la posibilidad a Pemex de firmar ese tipo de contrato, bajo el cual se otorgan compensaciones razonables en efectivo a los contratistas que obtengan mejores resultados, ya sea vía la incorporación de tecnología avanzada, mayores eficiencias y menores costos, entre otros factores.