El caso Tlatlaya, no pasó desapercibido por la población mexicana. De acuerdo con la más reciente encuesta nacional en vivienda realizada por Parametría, casi la mitad de los entrevistados (48 por ciento), se enteró de la muerte de 22 personas a manos del ejército. Si bien es un porcentaje considerable de atención al evento, por la implicación que tiene el mismo se espera que más personas se enteren del hecho a lo largo de los meses.
El pasado 01 de octubre, la Procuraduría General de la República (PGR) acusó de homicidio a tres de los ocho militares investigados por participar en la ejecución. El órgano señala que hubo un enfrentamiento entre elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional y personas armadas, sin embargo, al cesar los disparos, los elementos militares asesinaron a las personas que se encontraban resguardadas en una bodega.
Antes de darse a conocer esta información, tres de cada diez mexicanos (29 por ciento) ya consideraban que el Ejército había ejecutado a los 22 presuntos delincuentes, aun cuando estos ya se habían rendido. Un porcentaje similar, menciona que estas personas murieron como consecuencia del enfrentamiento con el ejército y cuatro de cada diez no supieron si el ejército mató a estas personas en un enfrentamiento o después de haberse rendido.
La organización Human Rights Watch, hizo un llamado al Estado mexicano para que indague sobre la muerte de los 22 presuntos delincuentes, reiterando que: “es necesario, y requerido por ley, que se realice una investigación exhaustiva, objetiva e independiente que analice si los soldados actuaron lícitamente…”
En la opinión pública, la mayoría de los entrevistados (75 por ciento), están de acuerdo con que cuando un delincuente se rinde ante la policía o el ejército debe ser detenido y enjuiciado, y no ejecutado. Este dato es importante porque indica que los mexicanos creen más en el estado de derecho que en la ejecución de los delincuentes.
Llama la atención que dos de cada diez personas en el país, sí consideran como primera opción el asesinato de personas que se encuentran fuera de la ley, esto habla del poco respeto a los derechos humanos de los individuos, los cuales son inalienables y no distinguen si se trata de un delincuente o no.
En el mismo tenor, hace dos años, en marzo de 2011, Parametría indagó en su encuesta nacional en vivienda la opinión de los mexicanos sobre el respeto a los derechos humanos de los narcotraficantes. Uno de los reactivos preguntaba a los entrevistados, que preferiría hacer en caso de que fuera miembro del ejército, la marina o la policía federal y lograra capturar a un narcotraficante. En dicho ejercicio el 67 por ciento dijo que de estar en esa situación, preferiría llevar al narcotraficante ante el ministerio público. No obstante, 24 por ciento aceptó que preferiría matar al detenido.
Si bien podemos observar que en ambas encuestas (2011, 2014) es mayor el porcentaje de ciudadanos que elige llevar al delincuente ante la justicia y no terminar con su vida; en investigaciones anteriores identificamos que existen opiniones contrastantes sobre el respeto a los derechos humanos de las personas que actúan fuera de la legalidad
En el año 2011, el 48 por ciento de los entrevistados dijeron que sí se deberían respetar los derechos de los narcotraficantes, empero, 46 por ciento opinó lo contrario, en esa medición observamos una opinión divida en el tema. Un año después, en el 2012, aumentó 16 puntos el porcentaje de ciudadanos que dijeron que no se deberían respetar los derechos humanos de los narcotraficantes, disminuyendo a 27 por ciento aquellos que opinaron diferente.
Sobre la actuación de la policía federal, la marina y el ejército en el respeto de los derechos humanos de los narcotraficantes, podemos observar que más de la mitad de los mexicanos en el 2011, dijeron que estas organizaciones “casi nunca” o “nunca” respetaban los derechos de estas personas. Siendo la policía federal la que se percibe como menos propensa a ello. (62 por ciento dijo que la policía federal “casi nunca” o “nunca” los respetaba)
En el año 2012, identificamos un aumento en las personas que consideran que estos elementos federales sí respetan los derechos humanos de los narcotraficantes, no obstante, sigue siendo mayor el número de ciudadanos que apuntan que casi nunca o sólo a veces estas instituciones respetan los derechos humanos de los narcotraficantes.
Si bien los mexicanos se manifiestan en contra de la ejecución de delincuentes a manos de las fuerzas armadas o de la policía federal, existen dudas sobre si se deben respetar o no lo derechos humanos de los individuos que actúan fuera de la ley, en el caso de la encuesta que realizamos en fechas pasadas, en específico de los narcotraficantes.
Un dato importante es que los ciudadanos perciben que la policía federal, la marina y el ejército respetan pocas veces los derechos humanos de los narcotraficantes, este dato sería escandaloso en una sociedad con un alto respeto a la legalidad, no obstante en el país, parece que una parte importante de ciudadanos también consideran que los derechos de estas personas no merecen ser reconocidos.
