Cabe mencionar que estas opiniones coinciden con datos duros proporcionados por diferentes instituciones tales como México Evalúa, la Secretaría de Gobernación (Segob), la Comisión Nacional de Derechos Humanos, etc. que indican que en las cárceles del país existe violación de derechos humanos, sobrepoblación, delincuencia organizada, corrupción y violencia[1]. Por ejemplo, de acuerdo con información de Segob los centros penitenciarios en México registran una sobrepoblación de más de 45 mil reos.
Datos de la encuesta nacional de Parametría indican que siete de cada diez personas coinciden en que existe corrupción (72 por ciento), delitos (71 por ciento) y control de grupos de la delincuencia organizada (66 por ciento) en las cárceles mexicanas.
El Sistema de Justicia Penal considera la reclusión como el último escalón de la impartición de justicia; quienes son encarcelados tuvieron que haber sido detenidos por cometer algún delito, acusados y condenados. La reclusión tiene como objetivo incapacitar, rehabilitar y disuadir conductas delictivas de los individuos[2].
No obstante, para los mexicanos las cárceles no están cumpliendo con estos objetivos. Seis de cada diez afirman que lejos de ser espacios de corrección, los presos corren peligro en los centros penitenciaros del país (65 por ciento) y 64 por ciento señala que las cárceles mexicanos son escuelas del crimen. El 70 por ciento menciona que las cárceles no tienen buenas condiciones para los presos y el mismo porcentaje dijo que en estos centros no se respetan los derechos humanos de los que ahí cumplen una sentencia.
Estos datos toman relevancia en el contexto del motín que tuvo lugar el pasado 11 de febrero en la cárcel de Topo Chico, Nuevo León, y que dejó un saldo de 49 muertos y 12 heridos[3]. Los hechos fueron ampliamente conocidos por los mexicanos, el 82 por ciento manifestó saber del enfrentamiento que se llevó a cabo en ese centro penitenciario.
La muerte de reos en el penal de Topo Chico, en Nuevo León no es el primer hecho que se ha presentado en el país, en el año 2012, 44 presos perdieron la vida y 30 más se fugaron de las instalaciones en el penal de Apodaca, en el mismo estado. Además, en otro evento que muestra los grandes problemas que tienen los penales mexicanos, en el año 2012, presenciamos como 132 reos se fugaron de la cárcel de Piedras Negras en Coahuila. Todos estos eventos tuvieron niveles similares de atención ocho de cada diez mexicanos se enteraron de los hechos.
Es interesante ver que no existe una opinión mayoritaria entre los mexicanos sobre quién es el principal responsable de la muerte de reos en los penales, o de la fuga ocurrida en la cárcel de Piedras Negras, en la opinión pública la responsabilidad se divide entre el gobierno federal y el estatal.
En el caso más reciente, el de Topo Chico 31 por ciento dijo que el responsable de los hechos era el gobierno federal, 33 por ciento mencionó que era culpa del gobierno estatal y sólo 11 por ciento dijo que era un tema municipal. El 25 por ciento no supo qué contestar al cuestionamiento.
Es importante mencionar que más mexicanos se manifiestan en desacuerdo con que empresas privadas administren las cárceles, así lo manifestó el 47 por ciento de los entrevistados. Sólo 29 por ciento se dijo a favor de que las cárceles ya no fueran dirigidas por el gobierno sino por particulares. Éste es otro tema dónde podemos corroborar el nivel de rechazo que existe en la sociedad mexicana a la participación de capital privado en diversos sectores o servicios, otros temas donde observamos un comportamiento similar es en la industria petrolera y eléctricaque ha sido estudiado en otras publicaciones.
En el mismo sentido observamos opiniones divididas sobre quién tendría mayor orden en las cárceles si el gobierno o las empresas privadas. El 33 por ciento mencionó que el gobierno haría un mejor trabajo en el tema, mientras que 31 por ciento confía más en las empresas privadas para hacer esta labor. El 25 por ciento dijo de manera espontánea que ninguno tendría mayor orde
El sistema penitenciario en México presenta grandes rezagos y críticas tanto por instituciones como por la ciudadanía quien tiene opiniones críticas sobre las condiciones que presentan las cárceles en México. No obstante, no existe un apoyo para que deje de ser el gobierno y sean instancias privadas quienes se encarguen de la administración de dichos centros.
Llama la atención además los altos niveles de conocimiento que tienen los eventos que han ocurrido en los centros penitenciarios del país y que dan cuenta de los grandes problemas y pendientes que hay en este ámbito.
