Entre las ventajas que tienen las consultas y la revocación de mandato se mencionaron el fortalecimiento de la participación ciudadana en las decisiones gubernamentales, así como el fomento a la rendición de cuentas. Por otro lado, las voces que son más escépticas sobre las ventajas de la revocación de mandato señalan entre otros argumentos lo peligroso que puede ser para la gobernabilidad el uso de este instrumento. Cambiar de gobierno en caso de que así lo decida la ciudadanía no se traduce necesariamente en mejores gestiones, ni en gobiernos más democráticos. Tener mandatos definidos da certidumbre a las personas electas y les da posibilidad de una mejor planeación de gobierno. Otra desventaja señalada es que la revocación puede ser un incentivo para generar gobiernos populistas y no necesariamente gobiernos responsables.
Probablemente la crítica que tiene más consenso es que la nueva figura jurídica debe aplicar al siguiente gobierno y no al gobierno en funciones. De manera similar a la aprobación de la reelección de legisladores y de autoridades locales, aplicó a la siguiente legislatura y no la que estaba en turno. Si se atendiera esta crítica la revocación de mandato a nivel presidencial debe empezar en 2027 y no en 2021.
Si analizamos qué posición tiene la opinión pública en el país sobre este tema no debe sorprender que la mayoría de las personas apoya la revocación de mandato. De acuerdo con la encuesta hecha en vivienda, cara a cara, por Parametría, siete de cada 10 personas están de acuerdo con que a la mitad del gobierno del presidente se haga una consulta para que la gente decida si debe o no continuar en el cargo. Solo dos de cada 10 están en desacuerdo con la medida.
La iniciativa sobre revocación que Andrés Manuel López Obrador envió a la Cámara de Diputados, aprobada y remitida al Senado, contempla que puedan ser sometidos a revocación todas las personas que ejercen cargos de elección, es decir, Presidencia de la República, diputaciones federales y locales, senadurías, gubernaturas, integrantes de ayuntamientos, la Jefatura de Gobierno e integrantes de alcaldías. En el caso del presidente, la votación se hará a mitad del periodo en las elecciones a diputaciones federales y la revocación puede ser convocada por él, por 33 por ciento del Congreso o bien por la ciudadanía con al menos 3 por ciento de la lista nominal.
El dictamen aprobado indica que los resultados de la revocación de mandato serán de cumplimiento obligatorio cuando participe al menos 45 por ciento de la ciudadanía inscrita en la lista nominal de electores del ámbito respectivo, y de éstos 65 por ciento se exprese a favor de la revocación. Si el resultado es revocatorio, el presidente cesará en sus funciones al día siguiente y será el o la secretaria de Gobernación quien tomará el cargo mientras el Congreso nombra a un presidente interino.
En el mundo solo 27 países cuentan con esta figura, la mayor parte para autoridades locales, y sólo siete a nivel presidencial. México sería el octavo en caso de que sea aprobada esta figura. Suiza, EU, Ecuador y Venezuela son algunos de los países que legislaron y han usado la revocación de mandato. Los dos primeros solo a nivel local y los dos últimos incluyen también al presidente.
Los niveles de atención a la propuesta de implementar la revocación de mandato en México son de nivel medio. La encuesta indica que 62 por ciento de la ciudadanía se enteró que AMLO envió al Congreso una iniciativa para que, a la mitad de su mandato, es decir en 2021, se realice una consulta donde los mexicanos decidan si debe o no seguir en el ejercicio del cargo como presidente. Otras propuestas del Ejecutivo, como la cancelación de reforma educativa o la Guardia Nacional, tienen niveles similares de atención por parte de la ciudadanía.
Si hoy se realizara en México un ejercicio de revocación de mandato López Obrador seguiría en el cargo. 82 por ciento de la ciudadanía dijo que votaría por que el presidente se quedara. Este porcentaje es muy similar al de su nivel de aprobación. Este escenario no se replica necesariamente con el siguiente nivel del gobierno, las gubernaturas. Si bien 56 por ciento dijo que de poder decidir optaría por que el gobernador de su estado siguiera en el puesto, esto representa 26 puntos menos respecto de la figura presidencial. No deja de ser positivo que la mayor parte de los gobernadores permanecerían, aun con el desgaste que su actividad de gobernar les ha implicado y no obstante que llevan mucho más tiempo en el gobierno a diferencia del presidente.
Todo cambio en el diseño institucional tiene implicaciones en el comportamiento político de los representantes, por ello es necesario valorar cuáles son los incentivos que se activan con las nuevas reglas. La revocación de mandato puede ser aplicada de diferentes formas y por ello será muy importante conocer la iniciativa que surja en caso de aprobarse por el Senado. Lo que queda claro es que estamos ante un cambio institucional que repercutirá en el comportamiento gubernamental para bien con mayor participación ciudadana o para mal con mayor inestabilidad.
