Cuevas Barron explicó que a partir del primero de enero de 2012 desapareció este impuesto en el ámbito federal, pero se dejó en libertad a las entidades federativas para que pudieran establecerlo como una contribución local.
"Al principio, algunos gobernadores expresaron que no cobrarían este impuesto, pero pronto cambiaron de opinión. Esta decisión ha representado serios problemas para la ciudadanía como en el caso del Distrito Federal, entidad donde han cambiado de manera discrecional los criterios para cobrar dicho impuesto.
"El año pasado, por ejemplo, se otorgó un subsidio del 100 por ciento a los propietarios de vehículos con un valor de hasta 350 mil pesos y este año se cambió el criterio. Ahora, dicho subsidio se otorgará a quienes tengan vehículos con un valor inferior a los 250 mil pesos, después de aplicar el factor de depreciación correspondiente", manifestó.
Además, dijo, el gobierno de la ciudad ha dado a conocer que se otorgará un descuento del 7 por ciento a los contribuyentes que acudan a pagar el impuesto entre los meses de enero y marzo.
Esta serie de modificaciones e inconsistencias dan cuenta de la poca seriedad y de la falta de definiciones que hay respecto al cobro de este impuesto. Por una parte, se deja en estado de incertidumbre jurídica a los contribuyentes y, por otra parte, se diluyen las ventajas que se atribuían al cobro de la tenencia, expresó Cuevas Barron.
La legisladora federal subrayó que este impuesto actuaba como un mecanismo de disuasión para la compra de automóviles y que ahora incentiva la compra de vehículos austeros.
Anteriormente la evasión de este impuesto era muy baja y ahora se evade su pago con tan sólo solicitar el reemplacamiento del auto en otra entidad federativa., indicó.
En lugar de mejorar la recaudación de contribuciones locales como el impuesto predial o los derechos por suministro de agua, las entidades federativas prefieren cobrar un impuesto inercial que les asegura ciertos ingresos sin realizar ningún esfuerzo para mejorar la recaudación de los impuestos existentes, manifestó.
La iniciativa que presento tiene un triple propósito: Primero.- evitar la “pereza fiscal” incentivando a las entidades federativas a mejorar sus sistemas recaudatorios; segundo.- que las entidades federativas se comprometan con una política de coordinación fiscal que evite distorsiones normativas a nivel regional; y tercero.- motivar a las entidades federativas a considerar el diseño de cargas impositivas con fines extrafiscales como los llamados “impuestos verdes”.
Con la aprobación de esta iniciativa que reforma la Ley de Coordinación Fiscal, los convenios que celebren las entidades federativas con la Secretaría de Hacienda, obligará a no mantener en vigor ningún tipo de impuesto a la tenencia o uso de vehículos, concluyó.