La mayoría de las bancadas de los partidos Revolucionario Institucional (PRI) y Nueva Alianza dieron el aval a la propuesta formulada por el gobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa.
Al hacer uso de la tribuna, el coordinador de los legisladores del Partido Acción Nacional (PAN), Danilo Alvizar Guerrero, criticó esta medida.
Consideró que de ser aprobada sería un acto incongruente, ya que durante las campañas políticas del año pasado, tanto el ahora Ejecutivo estatal, como algunos legisladores, ocuparon la eliminación de este impuesto como bandera política.
Dijo que se debería, en primera instancia, investigar el destino de los 8 mil millones de pesos, producto de la brusatilizacón de este gravamen aplicada por el ex gobernador Fidel Herrera Beltrán.
Ello, expuso, antes de condenar a futuras generaciones a sostener este gravamen que dejará el siguiente año de existir a nivel nacional.
Según la iniciativa del gobernador, Veracruz vive una situación económica que vuelve necesario mantener equilibrada la economía, por lo que al aprobar este impuesto “se pretende fortalecer en el corto plazo los ingresos y hacer frente a los múltiples compromisos del estado”.
En este sentido, y de acuerdo con la iniciativa enviada por Duarte de Ochoa, la recaudación del Impuesto sobre la Tenencia y Uso de Vehículos se destinará a cubrir “las obligaciones garantizadas con esta contribución”.
A su vez, los remanentes se distribuirán en partes iguales al financiamiento del gasto público para seguridad pública y combate a la pobreza.
El diputado del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Rogelio Franco, se pronunció por una “reingeniería” de la administración pública, misma que permitiría evitar gastos innecesarios y con el ahorro de esos recurso suplir el cobro del gravamen.
“Estoy convencido que una reingeniería en el gasto público, particularmente en el gasto corriente, la disminución y congelación de los altos salarios a los funcionarios de todas las dependencias, el manejo financiero en compras del gobierno, el real control de la obra pública y una plena política de austeridad en todos los rubros”, dijo.
Argumentó que lo anterior sería más que suficiente para ahorrar y suplir el cobro de este impuesto.
Según el dictamen aprobado, en caso de haber un remanente durante la recaudación, este será administrado por un fideicomiso público integrado por los representantes de los sectores públicos y privados, de los tres poderes de gobierno y los municipios.