A fin de restablecer los derechos de asociación política y la libertad de expresión de los sacerdotes de todos los cultos religiosos, el senador del PRD Pablo Gómez Álvarez, propuso derogar el inciso e) del artículo 71 constitucional, el cual prohíbe a los clérigos asociarse con fines políticos, realizar proselitismo a favor o en contra de un candidato y oponerse a las leyes del país o a sus instituciones.

A decir de Pablo Gómez, dicha disposición contraviene lo estipulado en el artículo 6 de la Constitución, ya que se trata de la libertad de manifestación de la ideas, la cual, “no puede ser objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, sino cuando ataque a la moral, los derechos de terceros, provoque algún delito o perturbe el orden público”.

“Los sacerdotes son ciudadanos ya que tienen las cualidades exigidas para cualquiera y, por tanto, deberían  gozar de las prerrogativas de ciudadanía, entre las cuales se encuentra la asociación política y la libre expresión”, sostuvo.

Explicó que el servicio público no puede ser desempeñado por eclesiásticos, ya que no debe ser sometido por algún clero; “pero eso no significa que las libertades de expresión y asociación puedan ser restringidas”.

El también integrante de la Comisión de Puntos Constitucionales indicó que la libertad religiosa no tiene más límites que el carácter laico del Estado y que éste no contiene la prohibición para el ejercicio de derechos de ninguna clase de individuos o ciudadanos.

Al presentar su iniciativa, Gómez Álvarez consideró que lo estipulado en el inciso e) del artículo 71 de la Carta Magna “no es producto del Estado laico sino de la facturas que el constituyente de 1917 le pasó a la Iglesia católica que nunca fue capaz de apoyar ninguna causa nacional y popular, pero esa factura no tenemos por qué mantenerla, ya que desde entonces era violatoria de derechos. ¿Por qué debe haber ciudadanos con derechos restringidos?”, cuestionó.

“Los sacerdotes como ciudadanos tienen el derecho a expresar sus opiniones políticas y entonces, en condiciones de libertad, se confrontarán las ideas sin necesidad de atentar contra derechos legítimos que ellos también tienen”, expresó.

El senador del PRD mencionó que la Constitución excluye a los extranjeros del derecho de intervenir en asuntos políticos del país, pero no puede excluir a ningún mexicano por el hecho de ejercer determinada profesión, como es el sacerdocio.

“La libertad de expresión es un derecho humano que no debe serle arrebatado absolutamente a nadie. Ninguna clerecía puede pretender someter al Estado a sus decisiones, a la vez que el Estado no puede someterse a ningún mandamiento religioso”, dijo Pablo Gómez Álvarez.

Agregó que existe la versión de que este precepto constitucional tiene la finalidad de que los sacerdotes no utilicen su ministerio para influir en los procesos electorales, pero “los servidores públicos que administran los programas sociales tienen mucha más capacidad de coaccionar el voto que los sacerdotes y nadie ha propuesto quitarles derechos políticos”.

El senador perredista convocó al Congreso de la Unión y a las legislaturas de los estados a superar esta “injusticia constitucional” y reivindicar la calidad de iguales de todos los ciudadanos en la República.

El proyecto de decreto fue turnado a las Comisiones de Puntos Constitucionales; y de Estudios Legislativos para su análisis y dictamen.