El acuerdo, logrado el martes pasado y anunciado hoy por el periódico Texas Tribune, requiere también que la ciudad emprenda una campaña educativa en los barrios latinos y afroamericanos, donde por años la salud y la calidad de vida se han visto afectadas por los tiraderos.

La ciudad lanzó recientemente la iniciativa One Clean, en la que invertirá anualmente cerca de 18 millones de dólares para lidiar con el problema.

“Nadie debería tener que vivir junto a neumáticos desechados, bolsas de basura, cadáveres podridos, suelos infectados y aguas subterráneas contaminadas, todo causado por vertidos ilegales”, dijo en un comunicado el fiscal federal para el Distrito Sur de Texas, Alamdar S. Hamdani, cuyo departamento llevó a cabo la investigación.

Agregó que durante demasiado tiempo las comunidades latinas y afroamericanas, así como las de bajos ingresos en Houston, han tenido que soportar la inacción de la ciudad. “Mi esperanza es que este acuerdo sea un paso importante para remediar esos errores”, abundó.

El Departamento de Justicia inició su investigación en julio de 2022 después de recibir una denuncia de derechos civiles que alegaba que la ciudad discriminó a los residentes latinos y afroamericanos del área de Trinity-Houston Gardens, en el noreste de la ciudad.

La denuncia argumentó que la ciudad violó la ley de derechos civiles, que prohíbe que se discrimine por motivos de raza, color u origen nacional a los beneficiados de programas y actividades financiados por el Gobierno federal.

El acuerdo establece un periodo de tres años de monitoreo federal y obliga a la ciudad a mejorar el contacto con las comunidades, incluido el compromiso con los residentes con dominio limitado del inglés, entre otras medidas.