El coordinador jurídico del equipo de trabajo de Peña Nieto, Jesús Murillo Karam, y el abogado del PRI, Raúl Cervantes, interpusieron una denuncia de hechos ante la dependencia federal y entregaron todos los documentos que han dado a las autoridades electorales.

En los documentos dan a conocer el mecanismo de financiamiento para el pago de su estructura, mediante la contratación de deuda a través de siete mil 851 tarjetas de prepago por un monto de más de 66 millones 326 mil 300 pesos, de los cuales sólo ha pagado cuatro millones 243 mil 54 pesos.

De acuerdo con un documento que contiene la respuesta del PRI al Instituto Federal Electoral (IFE) ante el juicio de inconformidad presentado por el candidato presidencial de la izquierda, Andrés Manuel López Obrador, el PRI celebró un contrato con la empresa Alkino Servicios y Calidad.

Los recursos aplicados a través de las tarjetas que fueron entregadas por Alkino fueron empleados para cubrir gastos que, conforme a la normatividad aplicable, son considerados como ordinarios y no de campaña, señala el documento.

Murillo Karam sostuvo que con la explicación del mecanismo de financiamiento se dejan sin sustento todas las acusaciones del PRD, de López Obrador, y otras de supuestas fuentes ilícitas de recursos para la campaña de Peña Nieto.