Las conversaciones entre el Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) y el Gobierno, enfrentados desde hace ocho días por la disolución de la segunda empresa eléctrica del país, Luz y Fuerza del Centro (LyFC), quedaron rotas tras el anuncio de los trabajadores de que no continuarían con ellas.
"Fue un engaño, nos piden que nos liquidemos y luego nos sentemos en la mesa", dijo el responsable de justicia de la unión obrera, Humberto Medrano.
Las reuniones entre el SME y la secretaría de Gobernación (Ministerio de Interior), que se iniciaron el viernes con una reunión de más de seis horas que concluyó sin resultados, tenían como objeto afrontar la situación creada tras la extinción de LyFC, distribuidora de electricidad en la capital mexicana y en otros estado del centro del país.
Estaba por definirse una segunda fecha para continuar las conversaciones, que Gobernación había calificado de "diálogo" y no de negociación, porque no iba a dar marcha atrás a la decisión del Ejecutivo.
La clausura de la compañía fue ejecutada por la Policía Federal en la medianoche del sábado 10 y estuvo respaldada por un decreto del presidente Felipe Calderón.
De acuerdo al Ejecutivo, la compañía no era rentable ni eficiente, por lo que la ley permite hacerla desaparecer. El Gobierno pretende ahora otorgar su gestión a la Comisión Federal de Electricidad (CFE), también de titularidad pública.
Los militantes del SME han protestado por el despido de los 44 mil trabajadores de la empresa y han realizado diversas protestas públicas contra el cierre.
El Gobierno ha ofrecido liquidar a los trabajadores de acuerdo a lo que les corresponde y otorgar un extra económico si se hace antes del 14 de noviembre, una acción que los líderes sindicales han rechazado.
El responsable de Interior del SME, Humberto Montes de Oca, apuntó que la liquidación se trata de un soborno. "Nosotros no vamos a aceptar esas condiciones, vamos a irnos por el terreno de la lucha jurídica", afirmó ante los medios.
LyFC prestaba servicio a la capital y varios estados aledaños del país. Los números oficiales apuntaban a bajos índices de productividad por trabajador y a una cifra de empleados que algunos analistas consideran excesiva para operar la compañía.
La empresa recibía fuertes inyecciones económicas del Gobierno para compensar el bajo rendimiento económico que obtenía, sumas que ahora Calderón pretende destinar a programas sociales.
El secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, afirmó la semana pasada que el SME había obstaculizado repetidamente la modernización de la empresa.
"El decreto es inconstitucional y en los próximos días se presentarán los recursos de amparo tanto individuales como colectivos", replicó el viernes Martín Esparza, uno de los líderes del SME, a la salida de las conversaciones.
Su reciente victoria en los comicios sindicales no fue ratificada por el Gobierno al considerar que se habían producido irregularidades en la votación, lo que, de acuerdo a los medios nacionales, disparó el conflicto.
