El Primer Informe de gobierno del presidente Enrique Peña Nieto indica que para ello se trabaja en nueve líneas: prevención del delito y reconstrucción del tejido social, justicia penal eficaz, profesionalización y fortalecimiento de los cuerpos de policía.
También en la transformación del sistema penitenciario, promoción y articulación de la participación ciudadana, cooperación internacional, información que sirva al ciudadano, fortalecimiento de la inteligencia y regionalización.
En la prevención del delito, el gobierno federal creó el Programa Nacional para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia, cuyo objetivo es disminuir los factores de riesgo y revertir las condiciones sociales, económicas y culturales que propician estas circunstancias y cuenta con un presupuesto de 118 millones de pesos.
El énfasis en la prevención y reconstrucción del tejido social significa abrir mayores espacios de oportunidad educativa y laboral a los jóvenes.
Respecto a la justicia penal eficaz, destaca la necesidad de materializar el nuevo modelo de justicia penal acusatorio y adversarial, para lo cual se cuenta con el Consejo Nacional para la Implementación del Nuevo Sistema de Justicia Penal.
Se facultó al Congreso de la Unión para expedir un Código Único de Procedimientos Penales, que permitirá la aplicación homogénea de criterios judiciales, lo que generará mayores condiciones de certeza y seguridad jurídica.
En cuanto a la profesionalización, menciona que tanto a nivel federal como estatal las corporaciones policiacas deben ser capaces, tener personal calificado y condiciones que aseguren el profesionalismo y la eficacia.
Además, se revisa con las autoridades locales los mecanismos que permitan darle forma a los mandos únicos en todas las entidades, con el fin de que cada estado tenga corporaciones policiacas que retomen las funciones de seguridad pública.
Como parte de los compromisos de gobierno se pondrán en operación cinco centros regionales de preparación, actualización y especialización de cuerpos policiacos, y uno especializado en la formación de mandos de seguridad pública.
Sobre la transformación del sistema penitenciario, el gobierno federal, en coordinación con los estatales, realiza acciones para atender la sobrepoblación y el autogobierno en los centros carcelarios.
Para construir un nuevo modelo de seguridad se requiere del respaldo de la ciudadanía, y su participación se encauzará en tres vertientes: la orientada hacia la denuncia, hacia la organización de comités vecinales y hacia proyectos de servicio social y reconstrucción del tejido social.
El gobierno de Peña Nieto ha establecido con otros países, en especial de la región, estrategias de cooperación para atender fenómenos como el tráfico de armas, drogas y personas, así como las redes criminales. Además, se trabaja para incrementar y mejorar los mecanismos de intercambio de información y tecnologías.
La comunicación de la estrategia de la política de seguridad está orientada a tres lineamientos: Información útil para el ciudadano, como datos duros sobre índices delictivos, y la comunicación social orientada a que los ciudadanos se involucren en la estrategia, como los programas para difundir la denuncia anónima.
También la comunicación que respeta los derechos humanos, en la cual trabaja con los estados y con expertos en la elaboración de protocolos, para evitar que se haga apología de la violencia y el crimen.
Para fortalecer la colaboración entre las instituciones, las autoridades estatales, del Distrito Federal y de los municipios, el gobierno federal estableció un sistema de coordinación y cooperación, conducido por la Segob, para tener orden, confianza, responsabilidades y competencias claras en los tres órdenes de gobierno.
Ello se refleja en la organización dentro del gabinete presidencial, en el que la Segob asumió la responsabilidad de la seguridad pública del país y la coordinación de las autoridades involucradas.
También se refleja en las reuniones mensuales del Gabinete de Seguridad con gobernadores y las semanales de éstos con los delegados de las autoridades federales del gabinete en las entidades.
En cuanto a la regionalización, el país se dividió en cinco zonas operativas: Noroeste, que engloba a Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, Sinaloa y Sonora; Noreste: Coahuila, Durango, Nuevo León, San Luis Potosí y Tamaulipas.
Así como zona Occidente, en la que están Aguascalientes, Colima, Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Nayarit, Querétaro y Zacatecas; Centro: Distrito Federal, Estado de México, Guerrero, Hidalgo, Morelos, Puebla y Tlaxcala, y Sureste: Campeche, Chiapas, Oaxaca, Quintana Roo, Tabasco, Veracruz y Yucatán.
El gobierno trabaja en estrecha coordinación con los gobiernos estatales para que los cuerpos de seguridad federales y locales cuenten con las capacidades tecnológicas que garanticen la interconexión e intercambio de información de inteligencia, para lo cual crea una base de datos extensa, actualizada y confiable.