Cuestionó que las bancadas del PAN y PRD hayan condicionado un eventual periodo extraordinario a que se discuta primero la reforma político-electoral y dijo que las modificaciones al artículo 73 constitucional no es un interés particular del PRI, sino de la sociedad.
“La reforma en materia penal no puede estar sujeta a ningún ejercicio de carácter político”, indicó Gutiérrez de la Garza en declaraciones a la prensa y señaló que “es un tema prioritario que no puede estar sujeto a ninguna mesa de negociación”.
El vicecoordinador del PRD, Miguel Alonso Raya, afirmó el lunes pasado en un comunicado que las bancadas del PAN y PRD en la Cámara de Diputados coinciden en rechazar un eventual periodo extraordinario si no se incluye entre los temas la discusión de la reforma político-electoral.
“Hay coincidencia con el grupo parlamentario del PAN, respecto a que si no se concreta un acuerdo para sacar adelante la reforma política electoral, no habrá reforma financiera, ni del artículo 73 en materia penal …. y consecuentemente no hay materia para un periodo extraordinario”, indicó.
El diputado perredista dijo que no puede haber un periodo extraordinario “sólo para atender los temas que el PRI quiere imponer”.
El coordinador del PRI, Manlio Fabio Beltrones Rivera, afirmó el pasado domingo que su bancada propondrá un periodo extraordinario para reformar el artículo 73 constitucional y que el Congreso de la Unión tenga la facultad exclusiva de legislar en materia penal, con el propósito de unificar esta materia en el país.
Urge hacer homogénea la legislación vigente en materia penal y apresurar la instrumentación de la reforma del sistema de impartición de justicia, señaló.
Precisó que esta reforma se refiere “a la facultad exclusiva del Congreso de la Unión de legislar en materia penal”, lo que “permitirá trabajar en un código procesal único para garantizar el debido proceso y el respeto a los derechos humanos en todo el país”.
Consideró que la dispersión que se tiene en los procesos penales es una preocupación que comparte la bancada del PRI con la sociedad civil organizada, el Poder Judicial Federal, las fuerzas políticas que suscriben el Pacto por México y los distintos grupos parlamentarios.
“Entre todos debemos traducir este amplio consenso en reformas legislativas que amplíen la vigencia de la ley y garanticen la seguridad de los mexicanos”, indicó.