Al participar en el Quinto Foro Nacional sobre Seguridad y Justicia, el Ejecutivo local destacó que además de los retos financieros, la armonización de las leyes y la importancia de informar a la ciudadanía sobre las implicaciones de este sistema, es necesario trabajar en el tema de los adolescentes en conflicto con la Ley.
En la mesa “Nuevo Código de Procedimientos Penales para la Federación: legislación óptima”, donde también participaron el ministro Sergio Armando Valls Hernández; María de los Ángeles Fromow Rangel, secretaria técnica del Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal de la Secretaría de Gobernación; el diputado federal, José Alberto Rodríguez Calderón; Roberto Hernández Ruiz, académico de la Red Nacional a Favor de los Juicios Orales y el Debido Proceso y con la moderación de Sergio Aguayo Quezada, líder de opinión nacional, el Jefe de Gobierno se refirió al tema de la transparencia en la impartición de justicia.
“Yo creo que es un reclamo de la sociedad que haya certeza, transparencia, que es uno de los temas que siempre hemos dicho, transparencia, en la impartición de justicia”, indicó.
El jefe de gobierno recordó que tras la evaluación sobre el costo de esta Reforma en el Distrito Federal, se determinó la necesidad de destinar entre 8 mil y 10 mil millones de pesos para su implementación, “más o menos tenemos un costo de lo que pudo haber manejado todo el país de Chile o varios países de Centroamérica”.
“Hace falta un esfuerzo todavía mayor de las dos cosas –ratificó—, de la voluntad política, pero del respaldo financiero también, que habrá que buscarlo, yo no estoy casado nada más con que nos den, sino que haya apertura para que lo busquemos”.
Miguel Ángel Mancera reflexionó sobre la necesidad de que los servicios periciales en la República Mexicana realmente estén en condiciones de atender esta Reforma.
En este sentido, insistió en la necesidad de encontrar los mecanismos suficientes para comunicar las implicaciones de esta reforma, “y toda la ciudadanía debería de estar enterada cómo va a operar ya este mecanismo de enjuiciamiento y cuál va a ser la respuesta que va a encontrar”.
Por su parte, Fromow Rangel consideró que la construcción de este ordenamiento jurídico trae consigo la búsqueda de mejores prácticas y objetivos para llevar a cabo esta normativa de manera eficiente.
En su intervención el ministro Valls Hernández afirmó que este nuevo modelo constituye una nueva concepción del Procedimiento Penal y recordó que la pluralidad normativa, la falta de homogenización, la reestandarización de las reglas que deben utilizarse para la investigación, persecución y procesamiento penal en el país, acarrea una diversidad de soluciones ante conflictos similares, lo que a su vez obstaculiza la rendición de cuentas y la vaguedad del Sistema como un todo trascendiendo así como la afectación de garantías constitucionales.
“Ese es el panorama al que nos enfrentamos hoy, una gran disparidad”, mencionó el ministro al recalcar que la falta de un Código de Procedimiento Penal único dificulta que los problemas de lentitud, falta de transparencia, de exceso en trámites e incluso, de desigualdad, sean abordados eficazmente para poder minimizarlos y erradicarlos.
En tanto, el legislador Rodríguez Calderón indicó que la Cámara de Diputados está consciente de la importancia de este tema. Abundó que la iniciativa de la construcción de un Código Único de Proceso Penal para la República Mexicana, constituye un gran paso que sienta las bases de “una reingeniería jurídica que era indispensable en nuestro país”.
Manifestó que la Cámara de Diputados estará atenta a la definición que el Senado de la República dé a la iniciativa de dictamen del Nuevo Código Único en materia Procesal Penal para que de manera pronta y efectiva, los diputados tengan también el dictamen y aprueben a la brevedad posible este tema que calificó de “urgente necesidad y de interés de todo el país”.
En su oportunidad, Hernández Ruiz, también director del documental “Presunto Culpable”, evidenció la necesidad de fortalecer el trabajo en este tema, ya que al ritmo de avance que se tiene actualmente, el país demoraría 50 años en implementar la Reforma a los Juicios Orales en todo el territorio nacional.