Los representantes permanentes nacionales (Coreper) ratificaron el consenso alcanzado con el Parlamento europeo hace una semana, que aún deberá ser firmado formalmente por el Parlamento y adoptado por el Consejo antes del 30 de abril.
Esta medida pretende favorecer un acuerdo internacional para reducir las emisiones de CO2 de este sector de cara a la próxima asamblea general de la Organización Internacional de la Aviación Civil (OACI), prevista para otoño.
En concreto, la propuesta plantea congelar parcialmente la aplicación del polémico sistema europeo, que grava los vuelos en función de las toneladas de CO2 que liberan a la atmósfera.
Los vuelos internos, así como los que sean entre la UE y territorios "estrechamente ligados" a la misma seguirán teniendo que pagar esta tasa verde, mientras que los que viajan hacia o desde países terceros estarán exentos, según un comunicado del Consejo.
Este gesto busca rebajar la tensión que creó la decisión de Bruselas de aplicar el sistema de comercio de emisiones a todos los vuelos que despegaran o aterrizaran en territorio comunitario, independientemente de la nacionalidad de las aerolíneas.
La medida, en vigor desde enero de 2012, cuenta con la fuerte oposición de países como EU, India, China, México, Brasil o Rusia, país este último que ha amenazado a la UE en reiteradas ocasiones con aplicar represalias contra las aerolíneas comunitarias.
Si no se lograse un acuerdo global contra las emisiones de CO2 de la aviación, la UE tiene previsto retomar la aplicación de la medida.
