El juicio estará a cargo del Tribunal Primero B de Mayor Riesgo, pero éste todavía no ha definido la fecha para el inicio del debate oral y público, explicó este miércoles a periodistas una portavoz de la Corte Suprema de Justicia.
La decisión de enviar a juicio a los 2 mexicanos y 6 guatemaltecos se tomó con base en las evidencias presentadas por la Fiscalía ante el Juzgado A de Mayor Riesgo, en donde se inició el proceso por la masacre.
La Fiscalía acusa de los delitos de asesinato y secuestro a los ocho presuntos Zetas, detenidos en 2011 por las autoridades, que han identificado a los mexicanos como José Luis Santiago, alias "comandante Tripio", y Jorge Hernández Méndez, "comandante Furcio".
Los guatemaltecos que enfrentarán el juicio han sido identificados como Hugo Álvaro Gómez, "comandante Bruja" y supuesto jefe del grupo; Ludwin Celada, "comandante Lombríz"; Germán Icó, "comandante Taltuza"; Daniel Castillo, "comandante Fresa"; Elder Morales y Luis Gustavo Cal.
Según la Fiscalía, los acusados participaron entre el 14 y el 15 de mayo de 2011 en la matanza a tiros y decapitación de los 27 labriegos.
La masacre se produjo en la finca Los Cocos, del municipio de La Libertad, en el departamento norteño de Petén, fronterizo con México y Belice.
Las investigaciones policiales señalan que al menos 200 hombres fuertemente armados llegaron a la finca y asesinaron a los labriegos por una venganza entre narcotraficantes.
En el lugar, las autoridades encontraron un escrito con las siglas "Z-200", con las que el grupo de Los Zetas se atribuyó la masacre, de acuerdo a la información oficial.
Petén, el departamento más selvático de Guatemala, es utilizado desde hace varios años por grupos del narcotráfico internacional como ruta para traficar drogas que llegan a esa zona por la vía aérea procedentes de Suramérica y que luego son trasladadas a México.
Los Zetas, que inicialmente surgieron como brazo armado del también mexicano cártel del Golfo, del que se independizaron y se convirtieron en enemigo, llagaron a Guatemala en 2007 con el objetivo de hacerse de las rutas del trasiego de drogas que eran controladas por grupos locales, según analistas y autoridades.
