"El gobierno mantiene y mantendrá su oposición al cultivo del maíz Monsanto", señaló Sarkozy en un acto público durante un desplazamiento al departamento del Gers (sur) dedicado a la agricultura y a la política rural.
Adelantó que sus ministros de Agricultura, Bruno Le Maire, y de Ecología, Nathalie Kosciusko-Morizet, van a trabajar para "explorar todas las pistas para aplicar la prohibición" del cultivo del maíz genéticamente modificado de Monsanto autorizado en otros países europeos (MON810), y en particular en España.
Precisó que los ministros van a "preparar una nueva cláusula de salvaguarda" que tendrá en cuenta los últimos conocimientos científicos.
El jefe del Estado justificó su negativa al cultivo de esa variedad de organismo genéticamente modificado (OGM) con el argumento de que "el objetivo para la agricultura francesa es la calidad", que se sustenta en "la confianza" del consumidor.
Queda por ver si el nuevo dispositivo francés tendrá alguna incidencia sobre la importación de maíz transgénico, que hasta ahora no está sujeto a restricciones.
El Consejo de Estado, la más alta jurisdicción administrativa de Francia, había anulado ayer la cláusula de salvaguardia que el Ejecutivo francés aplicó después de que la justicia europea fallase contra el impedimento para sembrar en Francia maíz genéticamente modificado.
Una decisión a la que rápidamente el gobierno francés replicó asegurando que "persisten las dudas sobre la inocuidad medioambiental de ese maíz".
Para el Consejo de Estado, sin embargo, no se han aportado pruebas de "la existencia de un nivel de riesgo particularmente elevado para la salud o el medio ambiente" que impida a los agricultores utilizar ese maíz de Monsanto modificado genéticamente para resistir a la mariposa piral.
El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), al que había consultado esa instancia francesa de contenciosos administrativos tras el recurso de Monsanto, consideró que los Estados miembros de la UE no pueden adoptar ese tipo de medidas de urgencia si no se pone en evidencia "un riesgo importante que ponga en peligro y de forma manifiesta la salud humana, animal o el medioambiente".
Además de Francia, otros países de la UE como Grecia, Alemania, Luxemburgo, Austria y Hungría aplican este tipo de salvaguardas.
España, por su parte, es el país de la UE con más superficie de OGM, con un 80 por ciento de las plantaciones de maíz transgénico y una extensión que ronda las 76.000 hectáreas.