"El diseño actual (...) ha proporcionado un mercado eficiente y bien integrado durante muchas décadas, pero las estrecheces globales de suministro y la manipulación de Rusia de nuestros mercados energéticos ha hecho que muchos consumidores afronten incrementos masivos en sus facturas", resumió en rueda de prensa la comisaria europea de Energía, Kadri Simson.
El mercado eléctrico de la UE empezó a liberalizarse e integrarse en 1996 y, al calor de las crisis de precios del gas de 2022 y su contagio a los precios de la luz, será sometido a un nuevo ajuste de calado para afrontar las próximas décadas, en el que la electricidad ganará peso en el sistema productivo frente a los combustibles fósiles.
El objetivo es que el 70 % de la electricidad europea sea de origen renovable en 2030, frente al 22,3 % de 2022 de solar y eólica, a lo que se suma un 21,9 % de nuclear, un 10,2 % de hidroeléctrica, un 19,9 % de gas y un 15,9 % de carbón y un 5,9 % de bioenergía.
La Comisión, que ha trabajado su propuesta con las capitales y tendrá que negociar la versión final con los Estados miembros y con el Parlamento Europeo, quiere que el nuevo mercado esté operativo en un año, aunque Alemania aboga por un ligero ajuste ahora y una reforma más profunda con más tiempo.
El Ejecutivo comunitario quiere que las renovables ganen más peso en el "mix" eléctrico en detrimento del gas mediante contratos a largo plazo entre generadores y consumidores que garanticen la rentabilidad para incentivar la inversión en fuentes sostenibles, pero que arrojen también precios más bajos y estables.
El texto mantiene el sistema de precios marginalista en el mercado intradía de forma que la tecnología más cara, generalmente el gas, fija el precio del resto de formas de generación. Pero promueve que se reduzca la exposición a ese mercado volátil, facilitando que, de facto, se pueda desacoplar el precio del gas del de la electricidad.
LARGO PLAZO
Para ello, Bruselas propone impulsar los contratos a largo plazo de suministro energético a través de dos fórmulas que existen actualmente pero apenas se usan.
En primer lugar, la propuesta introduce incentivos para facilitar la firma de contratos de compraventa (PPA, por sus siglas en inglés) entre actores del sector privado, en los que empresas industriales y compañías energéticas acuerdan el suministro durante un tiempo determinado a un precio previamente fijado.
En segundo lugar, introduce los llamados contratos por diferencia (CfD) bilaterales en todas las subastas estatales con generadores de electricidad con tecnologías renovables que previamente han realizado inversiones apoyadas con fondos públicos.
En este tipo de contratos, el Estado y las compañías energéticas acuerdan un precio determinado para garantizar a la firma una "fuente estable" de ingresos. Así, si el precio de mercado es inferior al acordado, las autoridades públicas pagan la diferencia a la energética; pero si es superior, es la compañía la que transfiere la diferencia a las arcas públicas.
Según el planteamiento del Ejecutivo comunitario, los Estados miembros estarán obligados a "canalizar el exceso de ingresos" que perciben cuando los precios son altos "directamente para rebajar las facturas eléctricas" de todos los consumidores.
NUCLEAR
Se podrán beneficiar de este tipo de contratos las inversiones no sólo en energía solar o eólica, sino también la tecnología nuclear, tanto en la ampliación de las centrales existentes como en la creación de nuevas plantas, recogiendo así la principal demanda de Francia, el mayor promotor de la fuente atómica dentro del bloque.
VULNERABLES
La Comisión quiere también que los Estados miembros garanticen el suministro eléctrico a los consumidores vulnerables en caso de que no puedan hacer frente a las facturas y en su propuesta permite a las capitales "ampliar los precios minoristas regulados a los hogares y las pymes en caso de crisis".
El Ejecutivo comunitario también quiere fomentar que los particulares que generen su propia electricidad, por ejemplo con placas fotovoltaicas, puedan vender el excedente a sus vecinos y no sólo a las compañías eléctricas.
CAPACIDAD Y ALMACENAMIENTO
Bruselas prevé también facilitar esquemas de capacidad y almacenamiento, de forma que durante los picos de consumo se pueda generar más electricidad de origen fósil o verter al sistema la que se haya almacenado, así como establecer mecanismos de reducción de demanda en los que se paga a un gran consumidor, por ejemplo una planta industrial, a cambio de interrumpir su abastecimiento en momentos de picos de demanda.
PROPUESTA ESPAÑOLA
España presentó un documento de trabajo para la reforma, muchos de cuyos puntos han sido retenidos en la propuesta de la Comisión y que incluía también la posibilidad de fijar un precio fijo para la electricidad generada por instalaciones nucleares o hidráulicas ya amortizadas.
Fuentes comunitarias señalaron que no se ha incluido esa idea en la propuesta porque ese sistema retroactivo para cambiar las condiciones de precio fijadas previamente enviaría una "mala señal para los inversores".