"Hemos tomado atenta y respetuosa nota de lo manifestado en conferencia de prensa del día de ayer y coincidimos en el objetivo de las familias y sus representantes, que es favorecer el acceso a la Justicia”, afirmó Ulises Lara López, vocero de la FGJ-CDMX, en un mensaje a medios.
El portavoz se refirió al crimen que sacudió al país y al gremio periodístico el 31 de julio de 2015, cuando en el barrio Narvarte mataron a Espinosa, la activista Nadia Vera, la trabajadora del hogar Alejandra Negrete, la modelo colombiana Mile Martín y la maquilladora Yesenia Quiroz.
Aunque el hecho ocurrió en la Administración anterior y hay tres detenidos, las familias acusaron este miércoles de "encubrimiento" a las actuales autoridades capitalinas por ocultar videos y pruebas que muestran que hay al menos dos personas más involucradas.
“No obstante que existen personas sentenciadas, es de señalar que esta Fiscalía continúa la investigación por la probable participación de otras personas en los hechos delictivos", prometió este jueves el representante de la Fiscalía.
Las familias accedieron a 22 tomos de la indagatoria y videos en los que descubrieron por su cuenta inconsistencias como la participación de cinco personas en vez de tres, un segundo vehículo que acompañó a los perpetradores y llamadas con los presuntos autores intelectuales del crimen.
Acusaron a la Fiscalía de omitir estos hallazgos y de abandonar cinco líneas de investigación, incluyendo la que relaciona el crimen con la labor periodística de Espinosa y el activismo de Nadia Vera en el oriental estado de Veracruz, de donde huyeron por amenazas del Gobierno.
“Se realizan actos de investigación orientados a indagar todas y cada una de las líneas de investigación. En el mismo sentido, procedimos de conformidad a la normatividad aplicable, a realizar propuestas y pagos indemnizatorios de cuatro de las familias afectadas", afirmó Lara López.
El portavoz aseveró que la Fiscalía capitalina cumple con las recomendaciones de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, que sugirió medidas reparatorias.
"Ha buscado con las familias acordar y dar cumplimiento a los puntos recomendados. En cumplimiento a uno de los puntos de la citada recomendación, a mediados de 2019, la autoridad a cargo de la investigación aprobó formalizar los acuerdos a los que se arribó con las familia", aseguró.
El caso persiste mientras México afronta una ola inédita de violencia contra periodistas, con ocho de ellos asesinados en lo que va del año, según la última actualización de la organización Artículo 19.