Del análisis de la petición hecha por agrupaciones ciudadanas, la Legislatura estatal determinó la no procedencia del juicio político, debido a que la solicitud no cumple las causales que establece el artículo séptimo de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Yucatán.
Asimismo, la legislatura analizó en forma minuciosa si Araujo está comprendida entre los servidores públicos a que se refiere el artículo segundo de esta Ley y si la denuncia es procedente y por lo tanto amerita incoar el procedimiento.
Por su parte, el presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, Víctor Caballero Durán (PRI), señaló que el caso se declaraba como asunto concluido, de acuerdo con lo que marca la ley, en función de las atribuciones que tiene ese órgano dictaminador.
A su vez, el diputado Tito Sánchez Camargo (PAN) fijó el posicionamiento de su bancada y consideró que está demostrado que hubo falta graves de parte de las autoridades municipales en el inicio de los trabajos del distribuidor vial subterráneo que dieron pie a una gresca entre priístas y panistas, el pasado 4 de julio.
Antes de la discusión del dictamen, durante el debate, el diputado Carlos Pavón Flores (PRI) advirtió que el diputado Renán Barrera Concha (PAN) violaba la fracción 13 del artículo 39 de la LRSPEY, por haber participado en los hechos referidos, porque tenía una postura parcial de la solicitud del juicio político.
Por su parte, la diputada Martha Góngora Sánchez (PRI) pidió que se declare improcedente la solicitud, ya que el documento respectivo no contenía argumentos sustentables, como el caso de pedir a nombre de todos los meridanos la no creación de la obra en la glorieta de la Paz.
Asimismo, el diputado Omar Corzo Olán (PVEM) se refirió a uno de los señalamientos de la parte demandante que argumenta la no intervención de la fuerza pública para salvaguardar el orden.
Por su parte, los diputados de la fracción del PAN aseveraron que existen los suficientes argumentos legales para llevar a efecto el juicio político. El diputado Renán Barrera Concha sostuvo que el cuadro comparativo sobre los hechos y las faltas que marca la ley entregado por la Secretaria General era incompleto.