Condena Segob incidentes en penal de Nuevo Laredo

El gobierno federal condenó enérgicamente el incidente registrado la mañana de este viernes en el Centro de Ejecuciones y Sanciones de Nuevo Laredo, Tamaulipas, que resultó en la fuga de 59 reos y el fallecimiento de siete más.

El gobierno federal informó que dispondrá de todos los instrumentos a su alcance para coadyuvar con el gobierno de Tamaulipas en el cumplimiento de su responsabilidad primigenia, que es el garantizar condiciones de seguridad para las comunidades asentadas en su territorio.

Precisó que la responsabilidad de las autoridades locales al mando del referido Centro de Ejecuciones debe ser asumida mediante el desarrollo de una investigación a fondo para llevar ante la justicia a los servidores públicos que han traicionado el servicio a la ciudadanía.

De acuerdo con la información disponible hasta el momento, se desconoce el paradero de cinco custodios del centro penitenciario, de acuerdo a un comunicado emitido por la Secretaría de Gobernación (Segob).

La dependencia recordó que para el Ejecutivo federal es inadmisible la recurrencia con la que este tipo de hechos se presentan en dicha entidad federativa.

Ello toda vez que entre enero de 2010 y marzo de 2011 se dieron a la fuga más de 400 reos y tuvieron lugar 84 incidentes en los cinco centros penitenciarios y el reclusorio preventivo administrados por la autoridad estatal.

“Estos hechos no solamente ponen en riesgo la seguridad de las comunidades de la región, sino también generan impunidad y minan los esfuerzos decididos de autoridades comprometidas con su labor”, expresó Gobernación.

En este marco, exhortó a las autoridades del estado a fortalecer la seguridad en los centros penitenciarios de Tamaulipas.

Particularmente para terminar con la evasión sistemática de las medidas de control, derivada de la corrupción de las autoridades que tienen a su cargo velar por el resguardo de los internos.

La Segob añadió que incidentes como este exigen acelerar los esfuerzos para el fortalecimiento de las instituciones locales de seguridad y procuración de justicia, incluyendo la depuración de las corporaciones con el objetivo primordial de que sólo los más confiables y capaces estén entre las filas de quienes tienen a su cargo la seguridad pública.