En el marco de su política anti inmigratoria, el presidente Trump decretó en 2018 que los funcionarios de inmigración evaluaran la condición económica de los migrantes para determinar si pudieran convertirse en una "carga pública" al usar beneficios como los cupones de alimentos o subsidios para la vivienda.
El Gobierno de Trump sustentó esa medida en una ley de inmigración de 1882 cuando el Congreso decidió asegurarse de que los extranjeros llegados al país fueran independientes financieramente y no dependieran de la ayuda de los programas gubernamentales.
Las normas actualizadas en 1996 definen a la persona "primordialmente dependiente" como la que recibe asistencia del Gobierno equivalente a más de la mitad de su ingreso, pero la Administración de Trump amplió las consideraciones que constituyen una "carga pública".
Varios estados y grupos que defienden a los migrantes iniciaron querellas en los tribunales, uno de los cuales dictaminó que el decreto viola las leyes federales de inmigración al ampliar la definición de quién se considera como dependiente y afectar a más personas a las que les podría negar la residencia legal.
El Gobierno de Trump apeló ese dictamen y ahora el Supremo se ocupará del caso. Algunos expertos en inmigración creen que la Administración del presidente Joe Biden, quien ha criticado la política migratoria de su predecesor, probablemente abandonará la causa.