Luego de que la Secretaria de Asuntos Migratorios de la CNOP envió a la bancada del PRI en San Lázaro un informe sobre la situación legal de los 51 mexicanos que están lista de espera para ser ejecutados y 104 en proceso para ser condenados a la pena de muerte, se urgió a la SRE a no descuidar la defensa consular.
En el informe, el secretario de Asuntos Migratorios de la Confederación Nacional de Organizaciones Populares (CNOP), Edmundo Ramírez Martínez, expuso que la Suprema Corte de Estados Unidos reactivó los procesos de los más de 51 condenados a muerte.
“En dicha resolución decretó que no tomará en cuenta el fallo de la Corte Internacional de La Haya para revisar dichos casos, por lo que necesario que el presidente Felipe Calderón fije una postura al respecto”, expuso Ramírez Martínez.
Asimismo en el informe se destaca que desde el caso de Humberto Leal García, condenado a muerte en 1995 por el presunto asesinato y violación de una menor de 16 años, Corte Internacional de Justicia (CIJ) determinó que se habían violado los derechos de varios mexicanos condenados a muerte en Estados Unidos.
Entrevistado al respecto el diputado federal del PRI, Fernando Morales Martínez, consideró que la cancillería mexicana está más enfocada en temas electorales que en la defensa de los derechos de los connacionales condenados de manera injusta en Estados Unidos.
El informe de la CNOP añade que el máximo órgano jurisdiccional de la Organización de Naciones Unidas (ONU) con sede en La Haya, considera que las autoridades de Estados Unidos deben revisar las condenas de muerte de 51 mexicanos.
De acuerdo con ese fallo, a Humberto Leal y a los demás mexicanos les fue negada la garantía a contar con el apoyo de su país de origen cuando enfrentan un proceso penal en el extranjero.
Edmundo Ramírez consideró, en entrevista que el Gobierno Mexicano se involucra en los casos de condenados a muerte, cuando ya van muy avanzados los procesos "cuando ya no se puede jurídicamente hacer nada", teniendo mucho tiempo antes y los recursos para poder ejercer presión y evitar las penas de muerte.
“El caso de José Ernesto Medellín Rojas, quien fue ejecutado en Texas el 5 de agosto de 2008, pese al fallo de la Corte Internacional, ejemplifica el desinterés del Gobierno Federal, durante los procesos judiciales y sólo se meten cuando los temas son mediáticos, cuando ya no se puede hacer gran cosa”, afirmó el dirigente priista.
El también ex diputado federal recordó que el Congreso desde 2008 dotó a la cancillería de los recursos necesarios para la defensa legal de esos mexicanos, los cuales, es evidente, no se han ejercido para ese fin, acusó.
Comentó que existen los recursos en el Programa de Asistencia Jurídica a Mexicanos Condenados a Muerte, además de los recursos que el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) dotó a la Red de Protección Consular.
En el informe se detalla que a la lista de esos 51 mexicanos ya sentenciados, existen otro 104 más que están en proceso de ser condenados a muerte.
“Hay 155 mexicanos en esta situación y lo que estamos esperando del Poder Ejecutivo Federal, que emita al más alto nivel una posición de rechazo en este tema”, agregó.