Lo anterior fue dado a conocer por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en México en el marco del Día Internacional de los Residuos Electrónicos, a celebrarse el 14 de octubre, y que este año se enfocará al tema de educación con el fin de promover la correcta eliminación de la chatarra electrónica.
De acuerdo con el Inventario Nacional de Residuos de Aparatos Electrónicos y Eléctricos del Proyecto Residuos COP, el 6% de los residuos electrónicos que se generan cada año (alrededor de 66 mil de toneladas) cuentan con materiales altamente contaminantes, como metales pesados, baterías y plásticos con retardantes de flama, los cuales pueden provocar graves daños a la salud y al medio ambiente.
Actualmente, con el aumento en la compra de televisiones, computadoras y teléfonos móviles durante la pandemia por COVID-19, debido al teletrabajo y la educación a distancia, se espera un mayor riesgo de exposición a sustancias altamente tóxicas. Según datos de la Asociación Mexicana de Venta Online (AMVO) se espera suba hasta 75% la ventas de computadoras y laptops durante el Hot Sale 2020.
Es por ello que la Semarnat y el PNUD trabajan coordinados para cumplir con las disposiciones del Convenio de Estocolmo para reducir la exposición a los Contaminantes Orgánicos Persistentes (COP) en residuos electrónicos, incentivar su manejo ambientalmente adecuado y fortalecer el marco institucional.
Informaron que Baja California, la Ciudad de México y Jalisco son entidades que cuentan con un volumen de generación anual de 58 mil, 117 mil y 82 mil toneladas de residuos electrónicos, respectivamente, lo que las ubica como las de mayor generación de basura electrónica.
De tal manera que el proyecto Residuos COP promueve el desarrollo de planes de manejo piloto en dichas entidades, donde se trabajará de la mano de autoridades locales e industriales y otros actores relevantes para el desarrollo de soluciones efectivas, entre otras acciones a desarrollar.
Como parte de estos esfuerzos, se busca incorporar la participación del Legislativo y de la iniciativa privada para fortalecer el marco jurídico nacional e intercambiar las mejores prácticas de negocio y ambientales, con el propósito de salvaguardar la salud de los mexicanos e impulsar una economía circular y responsable.
