Los estados mexicanos resisten la política energética del Gobierno

Controversias constitucionales, amparos e impuestos "verdes" forman la estrategia de gobiernos estatales y empresarios contra la nueva política de la Secretaría de Energía (Sener) que restringe la generación de energías renovables para fortalecer el Sistema Eléctrico Nacional.

"El hecho que estas empresas o inversiones vengan a nuestros estados es importante porque estamos construyendo ecosistemas. Nosotros no podemos desbaratar esos ecosistemas de la noche a la mañana", declara a Efe Gloria Marmolejo, presidenta de la Asociación de Funcionarios Estatales de Energía (AFEE).

La nueva política de Sener, publicada el 15 de mayo, afecta a inversiones por valor de 30.000 millones de dólares en 18 estados, con un impacto total del 14 % del PIB, según el Consejo Coordinador Empresarial (CCE).

Asociaciones de productores de energía solar y eólica estiman que el valor de las inversiones es 44.000 millones de dólares, lo que pone en riesgo un total de 81.500 empleos.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) suspendió esta semana de forma provisional el acuerdo de Sener, al admitir una controversia constitucional de la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece).

Aun así, la presidenta de la AFEE, que agrupa a 30 estados del país, argumenta que esta acción del Gobierno federal "frena" la inversión por la incertidumbre que ya ha causado.

"Necesitamos saber a dónde vamos, necesitamos saber exactamente cuál es la política porque en teoría parece que sí vamos a seguir trabajando con las energías renovables y luego existen acciones que lo contradicen", apunta Marmolejo.

POTENCIA DESAPROVECHADA

Un emblema del problema es Sonora, estado del noroeste que podría abastecer de energía a todo el país si se aprovecha su potencial fotovoltaico.

Al estar en el "cinturón solar", concentra casi 2.000 millones de dólares de inversión en plantas fotovoltaicas, explica Luis Carlos Peralta, presidente del Clúster de Energía de Sonora.

Pero ahora, lamenta, es el más afectado por la política de Sener, con cuatro proyectos en prueba y tres más en construcción, una generación de 864 Megawatts (MW) y 5.945 empleos.

"Las autoridades federales tienen una idea distinta a la realidad porque estamos enfocados en el aprovechamiento de las tecnologías, generar energías de fuentes no contaminantes, limpias y de manera más económica", afirma.

Con la reforma energética de 2013, que abrió el sector energético mexicano al capital privado, Sonora estaba desarrollando su potencial, indica Peralta.

Sin embargo, ahora cree que el Gobierno federal está "más preocupado" por darle salida al combustóleo residual de Petróleos Mexicanos (Pemex) mediante la estatal Comisión Federal de Electricidad (CFE).

"Son plantas de tecnología de hace 60 años o 50 años, ya dieron su vida útil, ya son obsoletas", menciona.

EN BUSCA DE AIRE

La preocupación se extiende hasta el noreste, en Tamaulipas, el segundo estado más importante en infraestructura de parques eólicos, asevera Oscar Herrera, de la Comisión de Energías Limpias del Clúster de Energía y Gran Industria del Sur de Tamaulipas (Cegistam).

Tan solo en esa zona, precisa, hay seis proyectos en operación, ocho en construcción y 10 con autorización, afectados ahora por el cambio energético.

Por ello, no coincide con la retórica del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien ha criticado a las empresas extranjeras por "saquear" a la CFE.

"Lejos de asustar a los inversionistas es mejor sumarnos. Nosotros estamos de acuerdo con que los extranjeros están trayendo las mejores tecnologías, los mejores equipos para las energías renovables", opina.

Al igual que el Clúster de Sonora, el Cegistam apoya los amparos de empresas contra esa política, cuya constitucionalidad decidirá la Suprema Corte.

También apoyan el "impuesto verde" propuesto por el Gobierno de Tamaulipas contra las empresas que utilicen combustóleo.

Esta medida, así como otra controversia constitucional, la analizan Tamaulipas, Jalisco, Nuevo León, Durango y otros estados que han formado una "alianza federalista" contra la política del Gobierno nacional.

La defensa funciona porque la política del Gobierno federal "no tiene soporte legal", argumenta Juan de Dios Anda, presidente del Cegistam.

"Entiendo que deben existir reglamentaciones, leyes, para todo aquello que se pretenda instalar en nuestro país, pero hay maneras de hacer las cosas y la verdad que las que estamos viendo, que me perdone el señor presidente, no considero que sean las más adecuadas", concluye Anda.