En su conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional dijo que se trata de la memoria histórica “y cada persona, cada organización, cada gremio, de conformidad con el marco legal, puede proceder con la información que se disponga”.
En ese sentido el mandatario federal indicó que a su administración no le toca investigar y que ahora depende de si existe voluntad por parte de la ciudadanía o de investigadores de hacer una denuncia, si las pruebas son válidas, si se trata de actos vigentes y si no prescriben.
López Obrador apuntó que “si procede, que se enjuicie, se castigue a los responsables, que si lo van a hacer afectados, perseguidos, esa es otra etapa”, pero tienen que hacerlo en el marco de la legalidad.
“Lo importante aquí es decir que vivimos durante décadas sometidos por un régimen autoritario que limitaba las libertades, que perseguía a luchadores sociales, que etiquetaba, estigmatizaba a quienes no pensaban como lo decidía el régimen, y que ese comportamiento fue creando una actitud de un ambiente autoritario que llevó, muchas veces, a la represión”.
En este sentido, el director del Archivo General de la Nación (AGN), Carlos Enrique Ruiz, afirmó que el gobierno federal abrirá todos los expedientes que se tengan que abrir, y refrendó lo dicho por López Obrador en el sentido de que el Estado no va a investigar los archivos reservados del Cisen.
En el anuncio de la apertura para consulta pública de archivos del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) aseguró que esa tarea de revisar la información y la documentación de hechos y personajes corresponde a los investigadores y al público en general.
“No nos vamos a poner a investigar sobre personajes que ahí aparecen, eso le corresponde a investigadores”, el Archivo se encarga de organizar los materiales, clasificarlos, digitalizarlos para difundirlos, por lo que "no podemos entrar a un terreno de investigación, tenemos que tener cuidado, el acceso es para ustedes (los periodistas). Una cosa es clasificar documentos, y otra que se meta a investigar”.
El funcionario precisó que tienen 28 días para dar a conocer los lineamientos para la entrega de la información y 180 días para que las autoridades federales se coordinen con todas las instituciones públicas para darles a conocer el procedimiento para la transferencia de los documentos.
Agregó que el acuerdo emitido por el presidente López Obrador se aplica a todas las instituciones de la administración federal, incluidas las secretarías de Marina y de la Defensa, para que entreguen información sobre problemas políticos y sociales, principalmente.
Carlos Enrique Ruíz señaló que se llevará a cabo un proceso archivístico que no se tuvo en el pasado, pues durante 90 años se recibió información que no estaba organizada, recopilada por policías, “por gente que no tenía ninguna actividad archivística”.
