El TSJ designado por la Asamblea Nacional aprobó la semana pasada en Bogotá iniciar un procedimiento penal contra Maduro, tras la acusación de la fiscal general destituida, Luisa Ortega Díaz, por el caso de la constructora brasileña Odebrecht.
Ortega Díaz pidió como parte de su acusación una orden de detención internacional contra Maduro y la congelación de sus bienes y solicitó a la Fuerza Armada proceder a su arresto.
El jefe de la Asamblea Nacional, Omar Barboza, informó que suspendió un viaje para reunirse con funcionarios de la Unión Europea para presidir la sesión en la que se tratará la solicitud de un antejuicio de mérito contra Maduro.
Barboza admitió que se trata de un tema "muy delicado para nuestro país", por lo que debería estar presenta para presidir la sesión.
El TSJ en el exilio es desconocido por el gobierno. Está conformado por magistrados designados por la Asamblea Nacional y sus decisiones son desconocidas por los poderes nacionales.
En la cámara se presentó una división entre grupos a favor y en contra de debatir el procedimiento contra Maduro, que de ser aprobado incrementará la pelea entre los diputados y el presidente.
Un grupo estima innecesario un antejuicio y otro pide seguir adelante con el proceso para la destitución de Maduro, aunque no sea acatado por las instituciones establecidas.
El foro legislativo debe avalar el fallo del TSJ en el exilio para seguir adelante con el proceso penal.
El TSJ en el exilio acordó que hay evidencias suficientes para enjuiciar a Maduro por corrupción y solicitó a la Interpol su detención.
En su acusación, Ortega Díaz dijo que el gobierno entregó a Odebrecht al menos 11 grandes obras de infraestructura en el país, las cuales quedaron paralizadas. Indicó que Maduro había ordenado el pago de cifras millonarias a la constructora, luego de ser elegido presidente en 2013.
Ya la Asamblea Nacional intentó varios procedimientos contra Maduro, entre ellos una acusación de haber abandonado el cargo.