Nicolás Maduro prepara el terreno para acudir a las elecciones presidenciales programadas para este 2018, sin rivales de peso.
La Asamblea Constituyente, que sigue los dictados de Maduro, aprobó un decreto que obliga a los partidos opositores, que se ausentaron en las pasadas elecciones municipales, a un proceso de revalidación para poder participar en las próximas contiendas electorales, incluyendo las presidenciales de 2018.
La oposición rechazó inmediatamente la medida y la consideró un intento del ente oficialista de dejar en el limbo legal a los partidos opositores.
La decisión afecta de manera directa a los grandes partidos opositores Primero Justicia, Acción Democrática y Voluntad Popular, que llamaron a un boicot en los comicios municipales, con el argumento de que no se cumplieron los procesos previos a la consulta y que el Consejo Nacional Electoral —que controla el oficialismo— cometió un “fraude” en las elecciones regionales de octubre.
En estos comicios los candidatos del gobierno ganaron 18 de las 23 gobernaciones.
El decreto aprobado por la Constituyente contempla que las organizaciones políticas, para poder competir en cualquier consulta electoral, “deberán haber participado en las elecciones del período constitucional de ámbito nacional, regional o municipal inmediatamente anterior”.
Maduro advirtió el 10 de diciembre que no se le permitiría a los partidos que no acudieron a las elecciones municipales, competir en los próximos comicios.
Para este 2018 están previstas las elecciones presidenciales, en las que Maduro optará por la reelección.
De acuerdo con la Constitución venezolana, cada seis años corresponde llevar a cabo elecciones presidenciales.
Aunque los comicios en los que se eligió a Nicolás Maduro fueron en abril de 2013, el período presidencial que culmina es el que ganó inicialmente el entonces presidente Hugo Chávez en octubre de 2012, quien falleció cinco meses después.
Así, el principal hecho político que se espera para 2018 en Venezuela son las elecciones presidenciales.
A pesar de haber jugado a placer con las fechas de los comicios para elegir gobernadores y luego alcaldes, Nicolás Maduro, como máximo vocero del oficialismo, ha jurado que las presidenciales ocurrirán este año “llueva, truene o relampaguee”.
Pero bajo su gobierno, este proceso está muy lejos de ser una elección normal, por lo que el rompecabezas político del país girará exclusivamente en torno a los términos y condiciones para su organización.
El forcejeo entre el oficialismo y una fragmentada oposición ya comenzó y se concentra en tres elementos claves: cuándo se celebrarán, si se organizarán bajo la actual directiva del Consejo Nacional Electoral y quiénes serán los candidatos.
El primer elemento –tiempo– juega a favor de la oposición. Con una Venezuela ahogada en la hiperinflación y la escasez, cada día que pasa sin que se resuelvan los problemas estructurales de la economía y la calidad de vida de los venezolanos juega en contra del oficialismo, que exhibe con pasmosa quietud su ineficiencia.
“No es probable que Maduro sea reelecto después del dos mil por ciento de inflación esperada para 2018”, escribió el presidente de Datanálisis, José Antonio Gil.
Consciente de ese rechazo, el oficialismo, que apostó en las elecciones regionales y municipales de 2017 a la desmovilización opositora con resultados muy favorables, estudia hasta cuándo podrá jugar esa misma carta, por lo que maneja como opción convocar las presidenciales entre marzo y julio de 2018.
Mientras más temprano revele la fecha menos tiempo tiene la oposición, ahogada en diatribas internas y nombres de posibles candidatos, de recomponerse y escoger una opción unitaria y sólida.
La abstención y desmovilización opositora en las últimas elecciones está estrechamente ligada al único –pero poderoso– elemento a favor del oficialismo, la directiva del Consejo Nacional Electoral (CNE).
Es por ello que el cambio de la junta directiva del ente comicial es el ‘punto de honor’ de la oposición que se ha sentado a dialogar nuevamente con el régimen de Maduro en República Dominicana en noviembre y diciembre.
La propuesta sobre la mesa es que sean dos rectores electorales nombrados por el oficialismo, dos por la oposición y uno neutral, pero la discusión sobre ese punto aún no avanza.