En el “Estudio de la OCDE sobre el mercado de trabajo y las políticas sociales: Costa Rica” se señala que el país ha de redoblar sus esfuerzos para reducir la pobreza y la desigualdad de ingresos, así como promover una mayor participación en la actividad económica formal de grupos demográficos fundamentales, como las mujeres, los jóvenes y los inmigrantes.
“Un porcentaje relativamente elevado de puestos de trabajo en el sector informal –que se estima en un tercio del empleo total– y un elevado número de trabajadores escasamente cualificados para prevalerse de las nuevas oportunidades laborales, han obstaculizado la transición a unos empleos más productivos, mejor retribuidos y de mayor calidad,” declaró Stefano Scarpetta, director de la División de Empleo, Trabajo y Asuntos Sociales de la OCDE, al presentar dicho Estudio en San José.
“Más de la mitad de la población adulta no ha conseguido superar el segundo ciclo de la educación secundaria, por lo que muchos costarricenses tendrán que adquirir nuevas competencias para aprovechar las nuevas oportunidades laborales,” dijo el Sr. Scarpetta. Un incremento de la inversión en políticas activas del mercado de trabajo y una mejor orientación de los programas ayudarán a los trabajadores desfavorecidos a acceder al mercado de trabajo.
Con el objetivo de incrementar las oportunidades laborales de las mujeres y mejorar su acceso al empleo formal, la oferta de servicios públicos de guardería infantil ha de ser ampliada. Los impuestos sobre el trabajo (o las cotizaciones a la seguridad social), que se sitúan en un 36.5 por ciento, superan actualmente la media de la OCDE y es preciso reducirlos. Asimismo, deben intensificarse los esfuerzos encaminados a una mejor articulación del salario mínimo y a una mayor calidad del empleo, en particular reforzando el papel de la inspección laboral y garantizando que las sanciones sean lo bastante elevadas como para disuadir de manera enérgica de infringir la normativa laboral.
Las reformas del mercado de trabajo deben ir acompañadas de unas políticas de lucha contra la pobreza mejor diseñadas. Los impuestos y transferencias no han podido contrarrestar la creciente desigualdad, por lo que es necesario reforzar su eficacia. El gasto público social, ligeramente superior al 15% del PIB, se sitúa considerablemente por debajo de la media de la OCDE, que es de un 21 por ciento.
Entre sus recomendaciones, la OCDE sostiene que Costa Rica debería:
- Continuar simplificando y reduciendo el número de niveles de salario mínimo, tomando en consideración su cuantía y sus posibles efectos desincentivadores de la contratación formal.
- Reactivar las propuestas de establecer un Consejo Social y Económico que promueva el diálogo con el gobierno y las consultas con empleadores y sindicatos, así como para fortalecer la confianza entre los interlocutores sociales.
- Establecer un organismo de ventanilla única o mejorar la coordinación de los programas sociales con el fin de evitar la dispersión de unos recursos limitados y ayudar a los grupos vulnerables a utilizar el sistema y solicitar los servicios de empleo.
- Reforzar la capacidad del sistema fiscal de reducir la desigualdad de ingresos haciendo que parte de la financiación de la asistencia sanitaria y de los programas selectivos/de lucha contra la pobreza se trasladen desde las cotizaciones a la seguridad social a los impuestos generales (p. ej., IVA e impuesto sobre la renta de las personas físicas).
- Mejorar los resultados en materia de empleo de las mujeres insistiendo especialmente en ayudar a las que trabajan en el sector informal a encontrar empleo en la economía regular y en atender a las necesidades de los inmigrantes.