El decreto fue aprobado en respuesta a la directiva de la Asamblea Nacional, que rechazó comparecer ante la Constituyente, la cual se declaró como un órgano con poderes plenipotenciario.
La Asamblea respondió la invitación a comparecer diciendo que desconoce a la Constituyente, por ser un órgano "fraudulento".
El decreto señala que la Constituyente asumirá las competencias en materias legislativas para "garantizar la preservación de la paz, la soberanía y el sistema socio-económico y financiero del Estado y los derechos del pueblo".
Indica que la Constituyente asumirá la tarea de dictar "actos parlamentarios" en forma de leyes, lo que permitirá "garantizar el pleno funcionamiento" del ente constituyente.
La presidenta de la Constituyente, Delcy Rodríguez, dijo que la oposición que domina la Asamblea Nacional está a favor de los "más groseros intereses imperiales" y llevó la violencia en las protestas contra el Gobierno, entre abril y julio pasados, con el propósito de derrocar al presidente Nicolás Maduro.
“Este decreto es para enseñarles que el pueblo de Venezuela manda, que deben respetar la voluntad del pueblo, que los humildes tienen derecho a la igualdad, al desarrollo. Le daremos una lección histórica a la derecha”, señaló.
El jefe de la bancada opositora de la Asamblea, Stalin González, señaló por su parte que la directiva no comparecería ante la "fraudulenta" Constituyente.
"Razones para no asistir son evidentes: violan la Constitución nacional, atravesamos la peor crisis socio-económica y secuestran derechos políticos. No compareceremos ante un fraude que pasa por encima del pueblo y solo pretende destruir la Constitución de 1999 que ya ratificamos en 2007", escribió en su cuenta de Twitter.
En una carta dirigida al pueblo venezolano, a la comunidad internacional y a Maduro, los diputados de la Asamblea Nacional denunciaron que se pretende "someter al pueblo a una mentira constituyente, a la simulación de un nuevo momento fundacional con el único objeto de destruir la Constitución de 1999, que además el pueblo ratificó en 2007, para perpetuar una dictadura".
"El derecho al voto, el derecho a la libertad de expresión y el derecho a la manifestación pacífica se han convertido en enemigos de la dictadura. Maduro necesita silencio para consumar su injusticia. Cualquier expresión de la voz del pueblo es criminalizada", señalaron.
Además calificaron la Constituyente como un "poder de facto" y expresión de la "naturaleza hegemónica que pretende perpetuar a Maduro en el poder".