El llamado de los expertos se produce a un mes de que el Citizen Lab de la Universidad de Toronto reveló que existen elementos para considerar que dependencias del Gobierno de Enrique Peña Nieto habrían utilizado el spyware denominado 'Pegasus' para hackear e intervenir los teléfonos celulares de ciudadanos mexicanos y de otros países.
Se trataría de defensores de derechos humanos, activistas sociales, periodistas señalados e incluso expertos internacionales que investigan el paradero de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
'Las denuncias de vigilancia, que representan una seria vulneración de los derechos a la privacidad, a la libertad de opinión y expresión, y a la libertad de asociación, son altamente preocupantes y dan cuenta del entorno hostil y de desprotección que enfrentan defensores de derechos humanos, activistas sociales y periodistas en México', afirmaron los expertos en un comunicado.
El posicionamiento es suscrito por Michel Forst, relator especial sobre la situación de los defensores de derechos humanos, y Houria Es-Slami, presidenta-relatora del Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias.
También lo firman David Kaye, relator especial sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y de expresión, y Joseph Cannataci, relator especial sobre el derecho a la privacidad.
'Dada la gravedad de los hechos, el gobierno debe garantizar las condiciones necesarias para que la investigación se realice con independencia y transparencia', enfatizaron los expertos de la ONU.
'La posible implicación en la compra y el uso de Pegasus de las mismas autoridades que ahora se encuentran a cargo de conducir la investigación es motivo de preocupación. En ese sentido, llamamos al Gobierno a que adopte todas las medidas necesarias para asegurar la imparcialidad de órgano investigador', indicaron.
Además llamaron a que se permita la participación de las víctimas en las investigaciones y a que se informe oportunamente a la sociedad sobre los resultados de las mismas.