En un comunicado, la dependencia precisó que este proyecto se lleva a cabo en coordinación con las secretarías de Gobernación (Segob) y de Relaciones Exteriores (SRE), así como la embajada de Estados Unidos en México y la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito.
Además, cuenta con el apoyo financiero de la Oficina de Asuntos Internacionales de Narcóticos y Aplicación de la Ley del Departamento de Estado de Estados Unidos, a través de la Iniciativa Mérida, con el objetivo de implementar acciones de asistencia técnica que coadyuve a los esfuerzos del gobierno mexicano.
Al respecto, la titular de la PGR, Arely Gómez González, afirmó que la salvaguarda de las garantías fundamentales es una de las grandes prioridades nacionales.
En el salón Independencia del edificio sede de la dependencia, señaló que el presidente Enrique Peña Nieto ha sido muy claro al enfatizar que la consolidación de un Estado democrático de derecho debe tener como una de sus principales componentes el pleno respeto de los derechos humanos.
La funcionaria federal detalló que a fin de combatir a las organizaciones delictivas en la materia, el 18 de diciembre de 2015, en el marco de la celebración del Día internacional del Migrante, se creó la Unidad de Investigación de Delitos para Personas Migrantes y el Mecanismo de Apoyo Exterior Mexicano de Búsqueda e Investigación.
“La unidad cuenta al momento con 121 averiguaciones previas y 20 carpetas de investigación; entre ellas las averiguaciones previas referentes a los lamentables hechos acontecidos en San Fernando Tamaulipas, y Cadereyta, Nuevo León” subrayó Gómez González.
Detalló que derivado de la entrada en vigor del Sistema de Justicia Penal Acusatorio en el país, al momento se tienen 28 carpetas de investigación por trata de personas en la modalidad de explotación sexual y 13 en la modalidad de pornografía infantil.
En su oportunidad, Antonio Luigi Mazzitelli, representante de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, señaló que cada año 70 millones de personas migran de sus países por razones económicas y miles de ellas se entregan sin saber, sin querer, a las manos de traficantes de migrantes, por lo que es fundamental la suma de esfuerzos para evitarlo.
En tanto, Roberta Jacobson, embajadora de Estados Unidos en México, aseveró que el tráfico de personas genera inestabilidad para las naciones y ganancias inmensas a quienes cometen ese delito.
“Sabemos que los depredadores buscan a sus víctimas entre las personas necesitadas de mejorar su situación económica; como gobierno es nuestra responsabilidad apoyar a más de 63 millones de migrantes que buscan una mejor opción de vida en el continente americano” apuntó.
En el lanzamiento del proyecto estuvo presente el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaria de Gobernación, Roberto Campa Cifrián; el comisionado nacional de Seguridad, Renato Sales Heredia, y el subsecretario de Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la cancillería, Miguel Ruiz Cabañas.
Además, los subprocuradores Jurídico y de Asuntos Internacionales, Salvador Sandoval Silva, y de Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad, Eber Omar Betanzos Torres.
