Entre los galardonados están México Negro, organización que busca el reconocimiento de los afromexicanos; los fundadores de Asylum Access que apoya a refugiados, Emily Arnold Fernández, y del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Abel Barrera Hernández; y de manera póstuma a Esther Chávez Cano, una de las primeras personas en denunciar los feminicidios de Ciudad Juárez, Chihuahua.
La directora del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, Alexandra Haas Paciuc, señaló que todos los grandes problemas del país tienen un componente de discriminación, por lo que no se podrá ser una sociedad democrática si no se aprende a valorar la diversidad y se respetan las diferencias.
En ese sentido, explicó que la probabilidad que una niña indígena viva en la pobreza es dos veces más alta que en el resto de la población; mientras que la posibilidad que un niño afromexicano esté excluido de los sistemas de salud es de 70 por ciento.
Asimismo, abundó, la probabilidad de que una mujer sufra agresiones en su propia casa es de 30 por ciento, mientras que en hombres es de 10 por ciento.
Al recibir el premio en la categoría “institucional” a nombre de la organización México Negro, Pedro Sergio Peñalosa Pérez llamó a reconocer en la Constitución los derechos de las comunidades afrodescendientes o negras (como se llaman a sí mismas), y ser sujetos de programas especiales de la misma forma que las comunidades indígenas.
Celebró que el año pasado por primera vez en la historia del país se tomó en cuenta en una encuesta del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) a esta población y en dicha encuesta un millón 500 mil mexicanos se identificaron como negros o afromexicanos.
En la categoría, “póstumo” se reconoció la trayectoria de Esther Chávez Cano quien a los 60 años se convirtió en activista, fue fundadora de grupo "Ocho de Marzo de Ciudad Juárez", que desde 1992 abordaba la violencia contra las mujeres en la zona fronteriza.
Entre otras aportaciones impulsó las alertas de género y el uso del término "feminicidio" para referirse al asesinato sistemático de mujeres, además de fundar centros para atender a víctimas y contribuir para que se concretara la fiscalía especializada en la materia en Chihuahua.
Abel Barrera Hernández, fundador del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, recibió el premio por su trayectoria en la categoría “nacional” por su trabajo en la defensa legal de grupos indígenas y mestizos en el estado de Guerrero.
Dicha organización asesoró a comunidades que se oponían a la construcción de la presa La Parota, así como a padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa, a quienes dedicó el galardón. “El premio nos arropa ante las descalificaciones”, expresó en su discurso.
El premio en la categoría “internacional” fue para Emily Arnold-Fernández, defensora de los derechos de los refugiados, quien señaló que México dijo no a la discriminación de los refugiados, pero se pronunció por facilitarles permisos de trabajo y garantizar su libre tránsito.
A su vez, Clara Jusidman Rapoport, leyó un mensaje del presidente de la Asamblea Consultiva de Conapred, Mauricio Merino, quien por motivos de salud no asistió.
En el mensaje hizo un llamado a la reconciliación entre las organizaciones, la sociedad y el gobierno, y consideró que calificar a todos los funcionarios públicos con el mismo rasero también es discriminación.
En la premiación también participaron el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaria de Gobernación (Segob), Roberto Campa, así como los miembros de la Asamblea Consultiva, Ricardo Raphael y Santiago Corcuera Cabezut, entre otros.