Además, los mineros mexicanos responsabilizaron al gobierno del presidente Felipe Calderón "de los resultados de violencia y sangre que se pudieran presentar" como consecuencia de esas acciones policiales que, según las autoridades, no han dejado víctimas.
En declaraciones a Efe Antonio Navarrete, portavoz de la Sección 65 del Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros y Metalúrgicos (SNTMM), explicó que las tomas de dos minas del Grupo México, una en huelga desde hace casi tres años, y otra donde familiares de 65 mineros fallecidos en 2006 protestaban por la falta de seguridad, dejaron un saldo de dos trabajadores y un menor heridos.
Navarrete señaló que en el caso de Cananea, la policía fue apoyada por "paramilitares".
En la zona había "alrededor de quinientos compañeros efectuando la guardia", que se llegaron a enfrentar con varios policías la pasada madrugada, agregó.
El portavoz minero lamentó la "brutalidad" con la que el gobierno defendió los intereses del empresario Germán Larrea, dueño del Grupo México, concesionario de la mina, y desmintió que todo estuviera en calma.
Por su parte, en un comunicado el SNTMM consideró las acciones "intolerables represiones" y dijo que con ellos "el gobierno ha roto las vías de diálogo y conciliación pacífica" que el Legislativo había abierto en los últimos meses.
El SNTMM, que encabeza refugiado desde Canadá Napoleón Gómez Urrutia, a quien no reconocen las autoridades mexicanas y contra quien hay en el país varias órdenes de arresto, demandó que el gobierno "dé marcha atrás" a su actuar en Cananea.
La organización obrera pide también que se busque con el Grupo México "una solución pacífica del conflicto minero", que comenzó el 30 de julio de 2007 por supuestas violaciones de la empresa a los contratos colectivos que existían y a deficientes condiciones de seguridad.
La huelga llegó a la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje (JFCA), una instancia para dirimir conflictos, que tras meses de litigio consideró legal la extinción de las relaciones laborales entre la empresa y los trabajadores, lo que fue avalado después por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) el pasado 21 de abril.
A futuro, el sindicato anunció que hará valer "todas las acciones que sean necesarias, tanto de orden legal como político, para repudiar y echar atrás esta inconstitucional agresión" contra los sindicados, los trabajadores y las familias.
Con relación al conflicto, la Confederación Nacional Campesina (CNC) emitió un boletín donde señala que esa organización y la Unión Nacional de Trabajadores (UNT), dos de las más importantes de México, "reprueban que se dialogue de día y se reprima de noche".
Sus líderes, el diputado Cruz López Aguilar, de la primera, y Francisco Hernández Juárez, de la segunda, anunciaron en rueda de prensa que se están programando "movilizaciones en todo el país y un paro nacional" contra la solución policial a los conflictos mineros.
"Estábamos conscientes de que iba a pasar esto durante el Mundial de Fútbol, pero el gobierno se nos adelantó", dijo Genaro Arteaga Trejo, secretario de Asuntos Políticos del sindicato minero.
Los acuerdos entre la UNT y la CNC los secundan organizaciones como los sindicatos de Trabajadores de la Universidad Nacional Autónoma de México (STUNAM) y la Central Independiente de Obreros Agrícolas (CIOAC), entre otras.
Sobre la situación, la Secretaría de Gobernación (Interior) reiteró su compromiso "con el orden, la legalidad y la convivencia pacífica en el estado de Sonora y en todo el país".
La dependencia lamentó las pérdidas acumuladas en Cananea, de más de 3.300 millones de dólares para el Grupo México y de unos 10 mil 200 millones de pesos (790 millones de dólares) para el Estado en impuestos no pagados por la empresa en ese período.