Insulza, quien participa desde este lunes en un encuentro a favor de los discapacitados en el hemisferio, señaló en rueda de prensa que la normativa aprobada por el estado de Arizona, que tipifica la inmigración como delito, ha recibido el rechazo de los gobiernos de América Latina y el Caribe.
La legislación “crea bases para una discriminación racial, que consideramos inaceptable”, afirmó el secretario general de la OEA.
Elogió la reacción del presidente estadunidense Barack Obama a la normativa de Arizona, pues manifestó que todos los países tienen el derecho “a regular la inmigración dentro de su país, pero no a costa de no respetar los derechos de las personas y de crear estereotipos raciales que no responden a la realidad”.
A juicio de Insulza, la mayor parte de los latinos que viven en Estados Unidos -los cuales se han convertido en la tercera población latina del mundo, después de Brasil y México-, “cumple una función social y económica” para esa nación.
El funcionario agradeció la preocupación del gobierno de Estados Unidos y reiteró sus críticas a las autoridades de Arizona por haber aprobado la Ley, sin embargo, mostró su esperanza que la medida nunca llegue a ser aplicada contra “los residentes e inmigrantes latinos” en ese país.
El canciller de El Salvador, Hugo Martínez, reiteró la preocupación y el descontento del gobierno del presidente Mauricio Funes por la normativa de Arizona.
“Hemos hecho un llamado a las autoridades estatales para que reconsideren esta medida, que como bien lo ha dicho la comunidad internacional e incluso el presidente Obama, es una ley desatinada, y esperamos que el Estado de Arizona reflexione” al respecto, explicó Martínez.
Recordó que El Salvador mantiene un diálogo con la Casa Blanca y en ese marco ha solicitado al Departamento de Estado buscar una reforma migratoria integral y en caso no avanzar ese tema, a septiembre de este año, se de prórroga al Status de Protección Temporal (TPS) de miles de salvadoreños.
Según el canciller, la extensión por año y medio más del TPS aliviaría la situación a 230 mil salvadoreños que radican en ese país amparados en esa gracia otorgada de manera unilateral por Estados Unidos.
El Salvador ha sido contundente en señalar “lo desatinado de la medida que aprobaron las autoridades de Arizona”, insistió el jefe de la diplomacia de la nación centroamericana.