En conferencia de prensa, los transportistas reiteraron su rechazo a la incorporación de UBER como parte de los servicios de transporte de la ciudad de México y exigieron a la Secretaria de Movilidad (Semovi), al Instituto de Verificación Administrativa (INVEA) y a la Procuraduría de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) la aplicación de las leyes vigentes en la capital para sancionar a las 30 mil unidades piratas con cromática y placas particulares, así como a los servicios irregulares de Uber y Cabify, que sin tener concesión ofrecen un servicio ilegal de transporte.
“Hoy la impunidad, la corrupción y el delito se pasean por toda la ciudad en Uber, Cabify y Piratas con toda la libertad y al amparo del Gobierno del Distrito Federal”, expresó Francisco Cornejo, vocero de los transportistas.
Respaldados por los artículos 262 y 264 de la Ley de Movilidad, recientemente aprobada por la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF), Ignacio Rodríguez, Daniel Medina, Francisco Cornejo y José Luis Ramírez, anticiparon que harán la presión necesaria para exigir a las autoridades que se pongan a trabajar e incluso acudirán a tribunales mayores para impedir la inclusión de los ilegales.
“No es una ocurrencia nuestra, estamos pidiendo la aplicación de una ley aprobada, discutida y avalada por la ALDF. Nos inclinamos por el Estado de Derecho y si las autoridades no van a aplicar las leyes aprobadas por sus legisladores, para qué estamos pagando un órgano de gobierno tan caro”, cuestionó Ignacio Rodríguez tras anticipar que mantendrán la estrategia jurídica que iniciaron desde el año pasado en contra de las autoridades capitalinas y de los múltiples servicios piratas que circulan por la ciudad protegidos y solapados.
Los taxistas demostraron que a través de una larga lista de trámites y cobros, para ofrecer un servicio legalizado anualmente deben pagar cada año más de 25 mil pesos, entre cobros a las concesiones, seguros y trámites oficiales, a lo que también sumaron cientos de horas en espera frente a las dependencias locales con el fin de poder acreditar todos los requisitos mínimos para brindar el servicio de transportación, a la vez que la concesión que tiene un costo en el mercado de 80 mil pesos, mientras que “Uber circula libremente sin pagar ni realizar ninguno de estos trámites; son ganancias millonarias que anualmente se van a la cuenta de estas empresas ilegales”, precisó Francisco Cornejo.
De igual forma, Daniel Medina anticipó que el próximo miércoles 6 de mayo, sostendrán una reunión en la Procuraduría General de Justicia con representantes del INVEA y del gobierno del Distrito Federal, como parte del proceso jurídico iniciado contra las autoridades locales y los servicios piratas. Así también, subrayó que hasta el momento el secretario de Movilidad, Rufino H. León no ha aceptado dialogar con el gremio de taxistas y es a través de sus secretarios como buscan resolver el conflicto por la operación ilegal de servicios de transporte.
“No han querido entender que abrirle la puerta a Uber y Cabify es seguir abriendo la puerta a la ilegalidad; sometiendo las leyes mexicanas a la voluntad de estas empresas extranjeras que califican las regulaciones de absurdas y obsoletas”, insistió José Luis Ramírez y aventuraron que detrás de la protección y solapamiento de las autoridades seguramente hay intereses oscuros, económicos y políticos, que las propias autoridades están anteponiendo al bienestar de los ciudadanos y a la aplicación de la ley.
En cuanto a la posibilidad de que se otorguen nuevas concesiones, los taxistas recordaron que con 140 mil concesiones vigentes y legales la ciudad de México se mantiene como la capital con más taxis en el mundo y reiteraron su rechazo a que las autoridades locales pretendan abrir la puerta a los servicios irregulares mediante una declaratoria de necesidad.
“Uber, Cabify y los piratas, se incorporan al final de la carrera en todas las condiciones de ventaja y patrocinados por los jueces que deberían vigilar la competencia, como lo hizo Roberto Madrazo en una maratón europea”, resumieron los quejosos y a nombre de sus 20 mil asociados, se deslindaron y reiteraron su rechazo a las acciones violentas e insistieron en que las agresiones no contribuyen de forma alguna a resolver el problema, por lo cual seguirán apostando a la vía jurídica y en defensa del estado de derecho.