El legislador por Guerrero consideró que independientemente de que el PRI en el Senado advirtió que “lloverían” amparos al no ampliar el plazo de registro, dijo no avalar la rebeldía de la empresa ni de ningún otro consorcio.
Argumentó, “en este caso las instituciones de gobierno podrán, en todo momento, aún cuando no hubiera la voluntad de las empresas a proceder a su cancelación, tiene esas facultades el gobierno, a través de Cofetel… tampoco podemos permitir que las empresas hagan lo que quieran”.
Por lo que aseguró que el gobierno federal deberá preparar una defensa jurídica ante la posibilidad de que el caso termine en los tribunales, dado que después de que la prórroga que propuso el PRI de seis meses, era una solución intermedia para conciliar estos aspectos.
Añadió que además se le recordó a la Cofetel que no tenía la capacidad técnica para alcanzar el registro de 85 millones de aparatos que hay en el mercado nacional para mañana sábado a la media noche.