En el primer proceso vinculado al caso, un tribunal falló hoy a favor de dos empleados que Heckler & Koch despidió en abril del año pasado al considerarlos responsables del polémico negocio. Ambos habían recurrido su despido ante la Justicia.
La corte laboral de Villingen-Schwenningen, suroeste de Alemania, dictaminó que el grupo no hizo lo suficiente para probar sus sospechas sobre los trabajadores. Los jueces no debían pronunciarse sobre quién fue el verdadero responsable del envío de armas a México.
Heckler & Koch ordenó el despido inmediato de los trabajadores el año pasado al considerar que existía "una firme sospecha" de que habían sellado la venta "por propia cuenta y sin conocimiento ni voluntad de otras personas en la compañía".
Los demandantes pusieron en duda esa versión. También la iniciativa "Stoppt den Waffenhandel" (Frenen el comercio de armas) sospechó que los dos despedidos eran un chivo expiatorio de la empresa para ocultar su responsabilidad en el negocio.
La Fiscalía de Stuttgart investiga desde abril de 2010 a Heckler & Koch por la supuesta exportación ilegal de fusiles de asalto G36 a la policía de los estados mexicanos de Chiapas, Chihuahua, Jalisco y Guerrero.
El gobierno alemán dio permisos de exportación al fabricante desde 2006 con la condición de que no enviara armas a esos estados, considerados especialmente peligrosos. Pero en los años siguientes aparecieron indicios de que el grupo violó ese requisito.
Los fiscales también investigan al fabricante por su presunto pago de sobornos a partidos políticos alemanes a cambio de permisos de exportación. El grupo admite que donó cerca de 93,000 euros a partidos en los últimos diez años, pero aseguró que los pagos no pretendían influir en decisiones políticas ni comerciales.