"(La reforma) se reduce más bien a medidas pragmáticas", sostuvo la institución eclesial en un documento elaborado por el obispo de Temuco, Héctor Vargas.
La Iglesia católica, que reclama que la reforma tiene un carácter esencialmente económico, formuló sus declaraciones en momentos en que sectores de derecha e izquierda cuestionan la iniciativa, aunque por motivos contrapuestos.
Las miles de marchas de 2011, con cientos de miles de personas en las calles, instalaron el debate por la educación chilena, cuyo sistema de corte privado instaló la dictadura militar (1973-1990).
La presidenta Bachelet, quien regresó el poder en marzo, apoya una reforma que tiene un costo estimado de 5,000 millones de dólares, atravesando todos los niveles de formación.
En detalle, la reforma implica fortalecer la educación pública, acabar con el pago de mensualidades en colegios financiados con fondos públicos y terminar con la selección de alumnos.
Actualmente, la educación pública chilena es provista por los municipios y los llamados "sostenedores", empresas que reciben fondos del Estado a cambio de administrar colegios.
Esas empresas privadas fueron autorizadas durante el régimen militar del general Augusto Pinochet (1973-1990) a tener colegios y universidades, los que les genera rentables negocios.
Incluso las universidades públicas cobran a sus alumnos cantidades que pueden llegar hasta los 8,000 dólares anuales.
Una de las consecuencias de esa transformación, según estudios de todas las tendencias, fue la mayor segregación social en el país. (DPA)
