El proyecto de reforma del llamado Código Forestal fue aprobado en diciembre pasado por el Senado y tramita ahora en la Cámara baja, que en caso de respaldarlo deberá remitirlo a la presidenta de la República, Dilma Rousseff, para su sanción.
"La enorme riqueza natural brasileña y la calidad de vida de las poblaciones rurales sufrirán un impacto irreversible si el proyecto es aprobado", declaró a periodistas Malú Ribeiro, coordinadora del grupo ecologista SOS Mata Atlántica, uno de los organizadores de la protesta, que se realizó frente a la sede del Congreso.
Los movimientos contrarios al proyecto rechazan, entre otros puntos, una amplia amnistía que beneficiará a hacendados que, en las últimas décadas, violaron la actual ley, desforestaron donde estaba prohibido y mantienen en esas zonas su actividad agropecuaria.
A ese perdón generalizado se opone incluso la presidenta Rousseff, quien ha dicho que podría vetar ese y otros artículos del proyecto antes de sancionarlo.
Según los grupos ecologistas, la nueva ley también ampliará las áreas cultivables en vastas zonas del país, con especial incidencia en la ya degradada Amazonía, por lo que representa una "amenaza" contra ese y otros ecosistemas.
Tanto la amnistía para los hacendados que degradaron sus tierras como otros aspectos polémicos del proyecto han sido propuestos por lo que en el Congreso brasileño se conoce como "bancada rural", un grupo suprapartidista que representa a los grandes empresarios del campo.