"No soportan ninguna medida de seguridad, ninguna inspección, no cumplen con ninguna norma, no hay sentido. En Europa esos pozos ya están prohibidos", declaró a la emisora MVS.
Según Vera, la explosión ayer en un pozo carbonífero que causó la muerte de cinco mineros en Sabinas, en el estado de Coahuila, repite "el mismo escenario" que se vio hace un lustro en la mina Pasta de Conchos.
En 2006 en esa mina del Grupo México situada en la misma región murieron 65 trabajadores tras quedar atrapados y sus cadáveres nunca fueron recuperados.
El obispo recordó que entonces el asunto quedó en una impunidad "abominable" y acusó a la Procuraduría General de la República (PGR) de haber desistido de buscar responsabilidades en el más grave accidente de los ocurridos en la minería mexicana en los últimos años, como le pidió la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).
Vera, quien lleva once años ejerciendo el ministerio sacerdotal en la zona norte de México, explicó que con los cinco fallecimientos ya confirmados "se eleva de 47 a 52 las muertes en la zona carbonífera después (de la tragedia) de Pasta de Conchos".
El obispo de Saltillo, capital del estado de Coahuila, deploró que en México no se haga justicia en estos casos.
No obstante, el obispo confió en que la presión que han ejercido para que los empresarios rindan cuentas permita hacer justicia en accidentes como el de ayer.
Como ejemplo de las penosas condiciones de trabajo, señaló que en el pozo siniestrado ayer la entrada y salida de trabajadores se haga "con el 'malacate', un bote en donde echan el carbón desde abajo y lo suben".
Ese rudimentario mecanismo, que funciona como si se sacara con él agua de un pozo, es el que manejaba un menor de 15 años, a quien, como consecuencia de la explosión, sufrió la amputación de los dos brazos, recordó Vera.
Los trabajos para tratar de rescatar a los nueve mineros cuyo paradero se desconoce se han reiniciado hoy, informó el secretario (ministro) de Trabajo, Javier Lozano.
La explotación irregular o "pocito" se ubica en un terreno de 270 hectáreas cuya concesión tiene a partes iguales el empresario Luis González Garza y la compañía Minera El Sabino, en representación de la compañía Beneficios Internacionales del Norte (Binsa), propiedad de Melchor González.
El Gobierno mexicano, a través del titular de Trabajo, ha explicado que, si bien la explotación del mismo corresponde a los titulares de la concesión, en la zona es común que las empresas celebren acuerdos al margen de la ley que impide supervisar los yacimientos.
